El gobierno de Estados Unidos sancionó al activista mexicano Jesús Reymundo Ramos Vázquez, defensor de derechos humanos en Tamaulipas, por su presunta relación con el Cártel del Noreste, pese a que el defensor ha denunciado durante años ser víctima de criminalización y espionaje.
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que Ramos fue incluido en una lista de sanciones junto con otras personas y dos casinos por supuestos vínculos con el grupo criminal que opera principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La medida implica el bloqueo de bienes en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos de ese país.
De acuerdo con el comunicado, Washington señaló que el activista habría actuado como operador de desinformación del cártel bajo la apariencia de defensor de derechos humanos, acusación que Ramos ha rechazado anteriormente.
Activista mexicano ha denunciado criminalización durante años
Jesús Reymundo Ramos es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y ha documentado presuntas violaciones cometidas por fuerzas de seguridad, particularmente en Tamaulipas, una de las regiones más violentas del país.
En marzo de 2023, el activista denunció que el Ejército mexicano lo vinculó sin pruebas al crimen organizado en reportes de inteligencia, lo que calificó como un intento de desacreditar su labor como defensor. Según una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic, se afirmaba que Ramos tenía vínculos con el Cártel del Noreste, sin aportar elementos fácticos que sustentaran la acusación.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México ha reconocido a Ramos como defensor de derechos humanos, y organizaciones civiles han advertido previamente que los señalamientos en su contra forman parte de un patrón de criminalización contra activistas en zonas de violencia.
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Raymundo Ramos fue espiado con Pegasus
Documentos filtrados por el Colectivo Guacamaya revelaron además que el activista fue espiado en 2020 con el software Pegasus, utilizado por dependencias del Estado mexicano, mientras documentaba presuntas ejecuciones extrajudiciales en Tamaulipas.
El espionaje ocurrió en el contexto de una investigación sobre un operativo militar donde murieron civiles, lo que generó preocupación entre organizaciones de derechos humanos por el uso de herramientas de vigilancia contra defensores.
Tras denunciar espionaje en su contra, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación; sin embargo, esta no ha avanzado y el caso continúa sin esclarece.
