El gobierno de Estados Unidos (EU) estaría alistando una nueva ofensiva contra políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado y actos de corrupción, de acuerdo con un reporte de Los Angeles Times.
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¿EU podría ir contra políticos mexicanos?
De acuerdo con el medio estadounidense, el embajador de EU en México, Ronald Johnson, advirtió que Washington pondrá en marcha una campaña dirigida contra funcionarios mexicanos señalados por presuntos nexos con cárteles del narcotráfico y redes de corrupción. La ofensiva podría alcanzar a alcaldes, gobernadores, legisladores federales e incluso integrantes del partido gobernante, Morena.
La declaración ocurrió durante la colocación de la primera piedra de una planta de metanol en Los Mochis, Sinaloa, donde Johnson señaló que México debe combatir su “epidemia de gobernanza corrupta” si quiere garantizar estabilidad financiera e inversión extranjera.
El diplomático aseguró que la corrupción no solo afecta el desarrollo económico, sino que incrementa costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de los mercados. También dejó claro que Estados Unidos perseguirá a los políticos mexicanos presuntamente corruptos.
Según fuentes familiarizadas —las cuales fueron consultadas por Los Ángeles Times—, esta estrategia formaría parte de una agenda más amplia de presión diplomática y judicial impulsada por la administración republicana, en medio de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), considerado uno de los pilares económicos más importantes para México.
Podrían usar testimonios de narcotraficantes detenidos
El reportaje del Los Angeles Times también señala que fiscales estadounidenses podrían apoyarse en declaraciones de narcotraficantes detenidos para avanzar en las investigaciones.
Entre los posibles testigos se mencionan integrantes del círculo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, como Joaquín y Ovidio Guzmán, quienes permanecen detenidos en Chicago tras firmar acuerdos de culpabilidad. Según el medio, varios detenidos estarían dispuestos a convertirse en informantes contra antiguos cómplices, entre ellos policías y políticos corruptos.
El diario también recordó que Estados Unidos ya revocó visas a algunos dirigentes mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha negado en diversas ocasiones cualquier vínculo con grupos criminales.
La posible apertura de procesos penales en tribunales federales estadounidenses podría elevar la tensión diplomática entre ambos países, especialmente en un contexto marcado por diferencias en materia de seguridad, combate al narcotráfico y cooperación bilateral.
¿Qué dijo Sheinbaum al respecto?
Cuestionada sobre las declaraciones realizadas por el embajador de Estados Unidos en México, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el combate a la corrupción y la generación de la certeza jurídica son tareas compartidas entre ambos países.
Además, aseguró que su gobierno trabaja en el combate contra la corrupción. Asimismo, dijo que tanto México como Estados Unidos deben garantizar condiciones adecuadas para la inversión y el desarrollo económico.
”Digamos que es lo que estamos haciendo, ellos allá y nosotros acá. Porque ellos, en Estados Unidos, también es importante que haya un ambiente para las empresas, para la inversión, libre de corrupción, con certezas jurídicas, y en México también”, dijo en su conferencia “mañanera” del pasado 24 de abril.
Posteriormente, la mandataria subrayó que cualquier señalamiento contra servidores públicos mexicanos debe estar sustentado en pruebas y evidencias claras.
Durante su conferencia de hoy lunes, recordó el caso del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido por la DEA y posteriormente liberado por falta de pruebas, luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al entonces presidente Donald Trump y a la fiscalía estadounidense toda la información del caso. Sheinbaum afirmó que cualquier investigación realizada en Estados Unidos debe contar con elementos sólidos y ser revisada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Finalmente aseguró que su gobierno no cubrirá “a nadie que tenga alguna evidencia de algún delito, pero tiene que haber evidencias” e insistió en que que no se permitirán acusaciones sin sustento jurídico.
