La Fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa. Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios mexicanos, en activo y retirados, por presuntos delitos de narcotráfico, uso de armas, corrupción y colaboración con el Cártel de Sinaloa.
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De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los señalados habrían utilizado sus cargos dentro de instituciones de seguridad, procuración de justicia y gobierno para beneficiar directamente a la facción criminal encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”.
Las autoridades estadounidenses señalaron que los acusados permitieron el tráfico de droga hacia territorio estadounidense, protegieron cargamentos almacenados en México, filtraron información sobre operativos policiales y facilitaron actos de violencia cometidos por integrantes del cártel.
A cambio, presuntamente recibieron millones de dólares provenientes del narcotráfico.
¿Quiénes son —además de Rubén Rocha— los funcionarios acusados?
Entre los otros señalados se encuentra Dámaso Castro Zaavedra, identificado como subprocurador general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien presuntamente recibía alrededor de 11 mil dólares mensuales por parte de Los Chapitos.
A cambio, habría protegido a miembros de la organización criminal para evitar su captura y les alertaba sobre operativos policiales planeados con apoyo de autoridades estadounidenses.
También fue acusado Valenzuela Millán, comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán, quien supuestamente recibía más de mil 600 dólares mensuales para otorgar acceso total a la corporación policiaca.
De acuerdo con la investigación, utilizaba agentes municipales para ayudar al grupo criminal a mantener el control territorial en Culiacán mediante arrestos ilegales, secuestros y asesinatos.
Incluso, la Fiscalía asegura que en octubre de 2023 Millán habría participado en el secuestro de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar suyo, quienes posteriormente fueron torturados y asesinados por sospechas de colaboración con el gobierno estadounidense.
Otros señalados se encuentran:
- Enrique Inzunza Cazárez, Senador.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
- Marco Antonio Almazan Áviles, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa.
- Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
- José Antonio Dionisio Hipólito, Alias «Tornado», exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.
- Juan de Dios Gamez Mendívil, alcalde de Culiacán.
Fiscalía de EU vincula red de protección institucional
El Departamento de Justicia afirmó que esta acusación forma parte de una serie de procesos iniciados desde 2023 contra más de 30 integrantes y asociados del Cártel de Sinaloa.
Las investigaciones apuntan a una red de protección institucional dentro de corporaciones policiacas estatales y municipales, así como en áreas de procuración de justicia y estructuras gubernamentales.
Según la Fiscalía, los acusados ordenaban a policías estatales, municipales y de investigación proteger cargamentos de droga y brindar respaldo operativo a integrantes del cártel, además de permitir actos de violencia extrema sin consecuencias legales.
Las autoridades estadounidenses subrayaron que todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un juez, y señalaron que actualmente se cree que todos residen en México.
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SRE revisa solicitudes de extradición enviadas por Estados Unidos
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pasado 28 de abril, a las 18:00 horas, recibió por parte del gobierno de Estados Unidos diversas solicitudes de extradición relacionadas con personas señaladas en esta investigación.
La dependencia explicó que, conforme a lo establecido en la Ley de Extradición Internacional y al Tratado de Extradición bilateral entre México y Estados Unidos, la documentación fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) para que sea esa institución la que evalúe la procedencia legal de dichas solicitudes.
Según la revisión jurídica realizada por la cancillería, los documentos entregados por la Embajada de Estados Unidos no contienen elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de las personas de las que se solicita la detención provisional con fines de extradición.
No obstante, la SRE precisó que corresponde a la FGR analizar si existen pruebas suficientes conforme al sistema jurídico mexicano y determinar la viabilidad de las solicitudes de detención provisional.
Además, la dependencia señaló que los tratados internacionales vigentes contemplan cláusulas específicas de confidencialidad sobre este tipo de procedimientos, por lo que adelantó que enviará un extrañamiento diplomático a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que la información fue dada a conocer públicamente.
