El pasado 29 de abril de 2026, el gobierno de Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición del actual gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios de la entidad, tras ser acusados de narcotráfico y de trabajar para el grupo delictivo “Los Chapitos”.
Se trata de funcionarios de alto rango, que actualmente están en funciones y otros retirados del gobierno estatal de Sinaloa, acusados de recibir sobornos y facilitar el tráfico de drogas y armas en la entidad, así como de faciltar las operaciones del grupo criminal a través del uso de recursos de sus cargos públicos.
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¿Quiénes son los funcionarios señalados por el gobierno de Estados Unidos?
Esta lista incluye personajes políticos y mandos de seguridad de diferentes rangos. De estos 10 funcionarios, cuatro están en funciones y seis estuvieron vinculados a gobiernos pasados.
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa: se le acusa de facilitar la operación del cártel de «Los Chapitos» a cambio de apoyo electoral, nombrando funcionarios aliados a los intereses de la organización criminal, así como garantizar su impunidad durante su administración.
En un mensaje en redes sociales el pasado 1 de mayo de 2026, Rocha Moya anunció que presentó al Congreso local de Sinaloa la solicitud para separarse de su cargo de manera temporal, además de rechazar las acusaciones en su contra y demostrar su inocencia cuando se requiera.
Dijo que al pedir licencia busca facilitar las investigaciones y permitir que las instituciones de justicia actúen sin ningún tipo de presión o interferencia.
Ante la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya fue nombrada Yeraldine Bonilla, como gobernadora interina.
Enrique Inzunza Cazárez, senador y exsecretario general de Sinaloa: es señalado por presuntamente acordar los líderes del cártel la protección institucional a cambio de favores políticos, además de ser enlace entre la administración estatal y la facción de “Los Chapitos”. Podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
En una publicación en X del pasado 2 de mayo de 2026, Enrqiue Inzunza señaló que las acusaciones en su contra son»falsas y dolosas», y manifestó su cooperación en caso de ser requerido por las autoridades.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas: participó como pieza clave en la coordinación con el cártel, al intercambiar información sobre rivales políticos para que fueran presionados o retirados en elecciones locales. Podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general adjunto: se le acusa de haber recibido pagos mensuales de aproximadamente 11 mil dólares para alertar al cártel sobre operativos contra laboratorios y miembros de la organización, además de permitir la destrucción o traslado de evidencia antes del desmantelamiento. Enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación: se presume que habría recibido sobornos de 16 mil dólares mensuales, por permitir que el cártel operara de manera libre y la liberación de sus integrantes detenidos. Podría cumplir una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
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Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación: señalado por conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. De ser culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública: se le acusa por facilitar información sobre operativos para que narcotraficantes pudieran transitar drogas y equipo, protegiendo así los intereses de la organización. Enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, exmando policial estatal: se le atribuye que recibió pagos mensuales de hasta seis mil dólares, por permitir la operación de «Los Chapitos”, reclutando personajes leales en cargos claves para vender municiones a la organización y alertar sobre operativos. Podría cumplir una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán: es señalado por recibir más de 10 mil dólares mensuales en efectivo, por la seguridad del grupo criminal y permitirles operar sin interferencia de las autoridades. De ser culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
También pidió licencia ante el Congreso local, por un tiempo de 10 días. Se nombró a Ana Miriam Ramos Villanueva en su lugar.
Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal: acusado por colaborar en secuestros y homicidios por orden de «Los Chapitos». Además, de la entrega de víctimas a sicarios y la vigilancia de objetivos marcados por esta organización. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una sentencia obligatoria de cadena perpetua.
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Solicitud de extradición: ¿sin pruebas?
En la conferencia matutina de hoy lunes 04 de mayo de 2026, la consejera Jurídica, Luisa María Alcalde, informó que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado una solicitud formal de extradición contra el gobernador con licencia Rubén Rocha y los otros nueve personajes mexicanos.
Luisa María señaló que para que la solicitud pueda proceder es necesario la presentación de pruebas que sustenten la acusación esté fundada, una vez fundamentada la petición se procede a la detención provisional requerida y se abre un plazo de 60 días para que formalmente se realice la extradición al país solicitante.
Dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) consideró que los documentos entregados por Estados Unidos no acreditan la urgencia de una detención provisional, por lo que México solicitará formalmente a las autoridades estadounidenses que envíen el expediente completo con evidencias, para determinar una decisión.
