La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura del gobierno federal de exigir evidencia sólida a Estados Unidos (EU) antes de considerar cualquier acción legal relacionada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
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SRE envía carta diplomática a EU para solicitar más pruebas
Durante su conferencia “mañanera” de este miércoles, la mandataria explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática al gobierno estadounidense tras una revisión jurídica realizada en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y asesores legales del Ejecutivo.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores mandó una nota diplomática diciendo: de acuerdo con la consulta que hice con la fiscalía, nuestros propios jurídicos, lo que pedimos a esta oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos es que manden pruebas”, afirmó.
Sheinbaum cuestionó directamente la solidez del material enviado por autoridades estadounidenses y aseguró que, hasta ahora, la información presentada no acredita elementos suficientes para sustentar una solicitud de detención provisional:
”Porque, ¿qué pruebas tienen? Una nota de dichos de alguien y una página toda testada con una nota escrita a mano que dice ‘Juanito 30 mil pesos’. Así está. Y eso es público”, sostuvo.
Ante ello, la presidenta reiteró que la postura del gobierno mexicano es clara: no se procederá con ninguna acción sin evidencia verificable que sustente las acusaciones.
“Entonces qué decimos como gobierno: pruebas”, agregó.
¿Por qué México dice que no hay urgencia para detener a Rubén Rocha?
Previamente, la conejera Jurídica, Luisa María Alcalde, señaló que no existe urgencia en la solicitud de Estados Unidos para la detención provisional de Rubén Rocha Moya.
Explicó que el gobierno estadounidense no ha presentado una solicitud formal de extradición contra el gobernador con licencia y otros nueve políticos mexicanos.
Según el análisis, aunque el tratado bilateral permite solicitar una detención inicial con fines de extradición, también exige la presentación de pruebas que sustenten la acusación y justifique que es «urgente», lo cual no ocurrió en este caso.
Luisa María señaló que en caso de que esta solicitud esté fundada, se procede a la detención provisional requerida y se abre un plazo de 60 días para que formalmente se realice la extradición al país solicitante.
La funcionaria enfatizó que por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que los documentos entregados por Estados Unidos no acreditan la urgencia de una detención provisional, un elemento clave dentro del proceso de extradición.
Por ello, México solicitará formalmente a las autoridades estadounidenses que envíen el expediente completo con evidencias, antes de tomar cualquier decisión.
Petición de EU «carece de pruebas y fundamentos suficientes» para detener a Rubén Rocha
De acuerdo con autoridades mexicanas, la petición enviada por el gobierno estadounidense carece de pruebas y fundamentos suficientes, por lo que no cumple con los requisitos legales para ejecutar una detención con fines de extradición.
Sin embargo, la titular de la Consejería Jurídica indicó que en caso de que Estados Unidos aporte los elementos probatorios necesarios, sería un juez de control quien determine si procede o no la detención y posterior extradición de Rubén Rocha.
El requisito, dijo, también está fundado en el sistema penal mexicano /artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales), el cual señala que para solicitar una orden de aprehensión se requiere aportar ante el juez:
- Hecho que la ley señale como delito
- Probable responsabilidad
- Necesidad de cautela, es decir, el riesgo de sustracción u obstaculización del proceso.
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¿Qué pidió Estados Unidos contra Rocha?
El gobierno de Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya y otros funcionarios, tras acusarlos de presuntos vínculos con el narcotráfico.
La solicitud fue enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que posteriormente la turnó a la FGR para su evaluación conforme a la legislación mexicana, informó Sheinbaum en su momento.
Sin embargo, el gobierno ha reiterado que cualquier acción se realizará conforme a derecho y con base en pruebas sólidas, subrayando que no procederán detenciones sin evidencia suficiente.
Incluso la presidenta ha advertido que, de no existir evidencia sólida conforme a la legislación mexicana, las acusaciones podrían tener un trasfondo político.
