La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que México enfrenta una grave crisis forense marcada por la saturación de los servicios periciales, la falta de identificación de cuerpos y las deficiencias en los registros, lo que dificulta la búsqueda de personas desaparecidas y el acceso a la justicia para las familias.
En el informe sobre Desapariciones en México 2026, la Comisión atribuye el problema de los servicios forenses a la fragmentación de la información forense de las fiscalías federales y estatales, al gran numero de restos no identificados y no reclamados bajo custodia del gobierno, a la alteración térmica y de otros factores en que se hallaron restos en diferentes lugares del país.
Además, de los problemas para contabilizar el número de casos representados dentro de esos restos fragmentados y el problema de la falta de trazabilidad de los cuerpos sepultados en los panteones.
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Déficit en los servicios forenses
El reporte de la CIDH señala que para el 2019, existían alredeor de 266 anfiteatros forenses en todo el país, 5,900 profesionales forenses, 40 laboratorios especializados en genética forense y 335 especialistas genéticos forenses a nivel nacional.
Ante estas cifras, el informe reveló la necesidad de fortalecer los servicios que estos institutos prestan a través de la contratación de especialistas en antropología y arqueología forense a nivel internacional, debido a la falta de estos profesionales en México, así como impulsar cambios legislativos que permitan a estos equipos realizar un trabajo independiente del trabajo de la fiscalía.
El informe señala que, de acuerdo con datos del INEGI, durante 2023 la Fiscalía General de la República y las unidades de servicios periciales y médico forenses mantenían bajo resguardo 15, 878 cadáveres y 12, 938 restos humanos. La mayoría se encontraba en anfiteatros (85.1 %), mientras que el resto estaba distribuido en centros de resguardo forense (8.1 %), laboratorios (4.9 %) y agencias funerarias (1.9 %). Además, la CIDH destacó que, de los 1,565 peritos de la FGR, solo 32 estaban especializados en antropología forense.
La Comisión destaca que fue informada de que en México no existen las condiciones para la creación, mantenimiento, recuperación de cuerpos, almacenamiento, infraestructura de un centro de identificación humana, ni una norma general sobre resguardo de cuerpos.
La identificación humana como obligación del Estado
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que la identificación humana es una obligación del gobierno frente a la desaparición de personas, debido a que da certeza sobre su destino y «forma parte de las garantías de los derechos a la verdad, justicia, reparación y memoria».
«La investigación forense es el medio idóneo para la identificación de restos humanos, permite conocer qué fue lo que sucedió a la persona desaparecida, las circunstancias en que tuvieron lugar los hechos y, en algunas oportunidades, da indicios sobre las responsabilidades en torno a la desaparición de una persona», se lee en el documento.
Por ello, consideró que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas que sean adecuadas para restablecer la identidad de las víctimas localizadas o para la reunificación familiar, y en caso de caso de fallecimiento, en su exhumación, identificación y restitución en casos de desaparición transnacional.
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Organismos para el funcionamiento forense
El informe analiza el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses y otros registros relacionados con personas desaparecidas y restos humanos. Aunque el Estado reportó avances en la incorporación de perfiles genéticos, registros forenses y protocolos homologados de exhumación y entrega digna, la CIDH considera que persisten retrasos importantes y que la implementación no ha sido suficientemente efectiva.
También se estudia el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), creado para enfrentar el rezago de cuerpos sin identificar. La Comisión reconoce que este mecanismo surgió gracias a la presión de colectivos y familias, pero concluye que no logró cumplir plenamente sus objetivos debido a problemas institucionales como falta de autonomía, poca colaboración entre fiscalías y debilitamiento operativo, la reducción de personal y el desmantelamiento parcial de estructuras clave de identificación humana.
La CIDH reconoce algunos avances en centros regionales de identificación humana y en la creación de lineamientos técnicos para exhumaciones, toma de muestras genéticas y análisis post mortem. Sin embargo, señala que estos esfuerzos siguen siendo desiguales entre estados y carecen de una política nacional armonizada y sostenida.
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Retos en materia forense
El informe menciona que varios de los problemas en el sistema forense se debe a la falta de una legislación y determinación de responsabilidades en la cual se establezca el procesamiento de cuerpos y la identificación forense, en este caso bajo la coordinación de las fiscalías, los tribunales de justicia o a la Secretaría de Salud de acuerdo a la entidad federativa, mientras que la aministración de las fosas comunes y panteones sea competencia de los municipios.
También, comentó que el Servicio Médico Forense (SEMEFO) no está adscrito directamente a la fiscalía estatal, sino que depende de otras autoridades o poderes del Estado. Esta situación genera diferencias en su estructura y funciones, que dificulta la coordinación entre los servicios periciales de la Fiscalía y el propio SEMEFO.
Resaltó que la recuperación e identificación de restos humanos requieren protocolos específicos, a través de reconocimiento visual y métodos científicos. Además, la autopsia y el análisis de restos óseos son esenciales para esclarecer causas y circunstancias de la muerte, asegurando el acceso a la verdad y la justicia.
Aunado a que la CIDH recomienda la creación de bancos de datos genéticos que faciliten el proceso para determinar la identidad de las víctimas. Además, de medidas legislativas, administrativas y de cualquier índole para generar estas bases.
En cuanto a la exhumación comentó que el Estado debe garantizar que las exhumaciones se realicen de manera efectiva para localizar los restos de las personas desaparecidas, con ello asegurar la calidad del proceso mediante un protocolo científico y multidisciplinario con estándares mínimos para los equipos encargados, con normas claras sobre los procedimientos de exhumación, identificación, almacenamiento y protección de la información genética de las víctimas y sus familiares.
