La vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para México, Andrea Pochak, reconoció la apertura del Estado mexicano al diálogo y al escrutinio internacional en materia de desapariciones.
Durante la presentación del informe Desapariciones en México 2026, la relatora destacó que México se encuentra entre los gobiernos democráticos que permiten el diálogo participativo con víctimas, organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos.
“Todos los países de la región enfrentan desafíos en materia de derechos y democracia. México no es la excepción. Sin embargo, para la Comisión Interamericana, con 67 años de historia, hay una clara diferencia entre gobiernos democráticos y gobiernos autoritarios, entre gobiernos con apertura al escrutinio internacional y al diálogo participativo con víctimas y organizaciones, y gobiernos que, por el contrario, reducen el espacio cívico y condicionan el mandato de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos. México se encuentra entre los primeros», dijo.
Señaló que México ha tenido avances importantes para atender el problema de desapariciones, pero aún existe una distancia para concretar investigaciones y sentencias, debido a que la impunidad sigue siendo critica, «si bien es cierto que la judicialización y las sentencias se han reactivado en el ultimo año, aún siguen siendo esfuerzos insuficientes frente a la magnitud del fenómeno».
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Andrea Pochak explicó que las desapariciones se transformaron en un esquema de alta complejidad donde gran parte se vinculan al crimen organizado, a la expansión y diversificación de sus mercados ilegales, el cual se debe en ocasiones a que el crimen organizado ha operado en conjunto con agentes estatales encargados de la seguridad, procuración de justicia e incluso con autoridades políticas quienes dan su autorización o apoyo en caso de desaparición.
«Se registra la desaparición con agentes estatales según la penetración del crimen organizado en la restructura del Estado, puede incluir actos mediante la entrega de personas a grupos delictivos, la ausencia de autoridades en lugares estratégicos y conocidos dejando pasar a los actores criminales en lugares y rutas derivando la privación o muerte de las personas desaparecidas», comentó.
Andrea Pochak resaltó la necesidad de recuperar la centralidad de las víctimas pero asumiendo que la investigación es un «deber propio del Estado y no puede recaer en el impuso exclusivo de las familias».
Indicó que la CIDH reconoce avances como la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda, pero la respuesta sigue siendo desigual e insuficiente, «persisten demoras, falta de personal, baja operatividad del Sistema Nacional de Búsqueda, y el problema de coordinación entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos con las fiscalías.
«Ante la respuesta insuficiente han sido las familias y colectivos quienes han empujado la búsqueda muchas veces, exponiéndose ante riesgos para su vida e integridad, hechos de violencia contra familias buscadoras e incluso asesinatos», añadió.
La vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que con este informe buscan llevar la voz de las familias al ámbito internacional con recomendaciones concretas al Estado dirigidas a abordar este fenómeno.
«Este documento es un reconocimiento a las familias a su perseverancia, a su capacidad de organización y a su exigencia de justicia, búsqueda y reparación», mencionó.
Comentó que la desaparición de personas constituye una grave crisis de derechos humanos en México, porque es «generalizada, indiscriminada y ocurre por los altos niveles de impunidad».
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Destacó que actualmente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta más de 133 mil registros y se estimaba la existencia de alrededor de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado sin identificar.
«Estamos ante un desafío en cuanto a su eficacia, la desaparición es un fenómeno en el que han cambiado los móviles y perpetradores, pero su gravedad, crueldad se mantienen», dijo.
Indicó que la CIDH constata que no existe desde el Estado mexicano una política «preconcebida» sobre la desaparición de personas, y debe reforzar sus obligaciones internacionales para proteger la vida e integridad de toda la población, y fortalecer las medidas necesarias para identificar, erradicar y neutralizar su infiltración en los órganos administrativos judiciales y de seguridad.
Explicó que en el reporte la CIDH define por primera vez el derecho a la búsqueda de personas desaparecidas, la obligación del Estado de buscar a las personas desaparecidas, el derecho de las familias en participar en los planes de búsqueda y su derecho de buscar con condiciones de seguridad.
Andrea Pochak reiteró la disposición de la Comisión para acompañar a México en este trabajo y en la implementación de las recomendaciones formuladas desde la CIDH, «porque también decimos porque vivos se los llevaron vivos los queremos».
