La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) descalificó conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), señalando que sus informes se basaron en pruebas falsas e interpretaciones manipuladas para culpar de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a la Secretaría de la Defensa (Sedena), de cuya responsabilidad “no existen evidencias”.
La Recomendación 208VG del organismo encabezado por Rosario Piedra critica la «Verdad Histórica» de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero sostiene que “ha sido igual de nociva” la «Anti-Verdad Histórica», como califica los informes del GIEI; los de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), en la gestión de Alejandro Encinas; el de la CNDH de la gestión de Luis Raúl González Pérez de 2018; los de organizaciones civiles, investigaciones periodísticas sobre el caso e, incluso, el contenido de los libros de texto del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
“Este Organismo Nacional, en todos los hechos en los que ha acreditado la participación de las fuerzas armadas, ha sido contundente en señalar su responsabilidad, especialmente en los graves casos de violencia política perpetrada en las décadas de los 50, 60, 70 y 80, como lo hizo en las recomendaciones general 46/2022 y la 98VG/2023 en las que no se titubeó en señalar nombres y grados de los perpetradores, que hoy son públicos. Además de que, hasta 2024, se habían emitido 13 recomendaciones particulares y 26 por violaciones graves, en las que se ha señalado como autoridad responsable a la DEFENSA, por lo que no se tendría razón alguna de no hacerlo en este caso, si se contara con los elementos. Pero lo cierto es que en el presente no existen evidencias que ameriten un señalamiento de su responsabilidad a la DEFENSA”, sostiene en el documento de más de 800 páginas sobre la desaparición forzada de estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raul Isidro Burgos», la noche del 24 y madrugada del 25 de septiembre de 2014.
La CNDH afirma que ve “con preocupación que la persistencia de esa narrativa basada en especulaciones (“las pruebas existen, pero se ocultan”) no permita avanzar en el camino hacia la verdad acerca del paradero de los jóvenes y del establecimiento de las responsabilidades y la justicia”.
Lee también: Sheinbaum: el exembajador de EU, Ken Salazar, sigue sin explicar el papel del FBI en secuestro del «Mayo»
CNDH defiende actuar del Ejército en el caso Ayotzinapa y se lanza contra el GIEI y la Covaj
En su recomendación, la CNDH acusa contradicciones y omisiones del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Covaj y señala que la intervención de organizaciones civiles y organismo sinternacionales en el caso Ayotzinapa responde a agendas “intervencionistas”, además de que basaron informes en información «falsa» y «sesgada».
El organismo sostiene que el Ejército no tuvo control del C-4 de Iguala y rechazó que haya manipulado las cámaras para ocultar el paso de los estudiantes la noche y madrugada de septiembre en que fueron desaparecidos por la fuerza los 43 normalistas.
El organismo argumenta que la inacción del Ejército en la llamada «noche de Iguala», pese a tener conocimiento de las agresiones contra los estudiantes se debió al apego a los protocolos que exigían la subordinación al poder civil.
El organismo hace eco de la versión dada por el entonces titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, acerca de que los titulares de Seguridad de Guerrero y municipal de Iguala rechazaron el apoyo militar, sin dar más argumentos para fortalecer esa versión.
Lee también: Tribunal define amparo por archivos de la Guerra Sucia; Centro Prodh pide ordenar al Ejército entregar documentos
Además sostiene que no existió un plan de «contrainsurgencia» ni una estrategia de exterminio diseñada por la institución militar.
“Lo que pudimos establecer es que los días 26 y 27 de septiembre de 2014, no hubo participación de los elementos de la DEFENSA en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de ‘contrainsurgencia’ o estrategia especial para el exterminio de los normalistas”, expone la CNDH.
Otro de los puntos es el estudiante Julio César López Patolzin, a quien la Covaj presentó como un «espía infiltrado» que reportaba las actividades de la Normal –basado en informes internos de la propia Sedena–, la CNDH sostiene que era un soldado que contaba con una autorización legal para realizar estudios de nivel superior y que, tras solo 37 días en el plantel, no existe registro de que haya generado informe alguno sobre sus compañeros, conclusiones que basó en reportes dados por la misma Sedena.
Contrario a las denuncias de «bloqueo informativo» hechas por el GIEI al salir del país, la CNDH defendió que la Sedena entregó más de 120,000 documentos a la Covaj y facilitó el acceso personal de los expertos y los padres a las instalaciones y archivos militares.
El organismo autónomo señala que las quejas sobre los «folios faltantes» del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), que contendrían reportes de la noche y madrugada de la desaparición, parten de una confusión administrativa y que toda la información relevante ya fue proporcionada.
Como parte de sus recomendaciones, la CNDH pide centrar las investigaciones del caso Ayotzinaoa en la responsabilidad jerárquica de las autoridades civiles estatales y municipales, como son el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero; el titular de Seguridad de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, y los alcaldes de Iguala, José Luis Abarca; Cocula, César Miguel Peñaloza, y Huitzuco, Norberto Figueroa Almazo; así como en los líderes del grupo criminal «Guerreros Unidos», “cuya impunidad se ha visto favorecida por el desvío de las indagatorias hacia narrativas políticas sin sustento probatorio”.
