Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron la criminalización de sus protestas y acusaron al gobierno de obstaculizar sus movilizaciones, luego de que un operativo policiaco impidiera el ingreso de 17 autobuses con estudiantes a la Ciudad de México a la altura de la caseta de Tlalpan.
El Comité de los padres piden una reunión con autoridades del gobierno federal en donde participen la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
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Familiares de los 43 de Ayotzinapa acusan criminalización
Tras denunciar que autoridades impidieron el ingreso de 17 autobuses con estudiantes y simpatizantes a la Ciudad de México, familiares de los 43 normalistas desaparecidos realizaron un mitin en el Antimonumento a los 43, en donde Mario González, padre de César Manuel González, rechazó las acusaciones del gobierno federal de que el movimiento responde a intereses políticos o de oposición.
Además, denunció que las autoridades han endurecido las restricciones a sus protestas y no han dado respuesta a las exigencias de esclarecimiento del caso.
«No presidenta, nosotros no estamos pagados por el PRI ni por el PAN, ya son alucinaciones suyas, nosotros luchamos cada vez que venimos y afortunamente a todos los movimientos sociales probamos bocado, a todos esos movimientos que son solidarios probamos bocado», sentenció el padre de familia.
Por su parte, María Concepción, madre de Jesús Jovany Rodríguez, aseguró que el gobierno conoce el paradero de los 43 normalistas desaparecidos y exigió que las búsquedas no se limiten a indicios relacionados con su posible muerte, «el gobierno sabe qué hicieron con nuestros hijos, dónde están (…) que los busquen vivos porque vivos se los llevaron, no vamos a permitir que solo en bolsas, que los busquen vivos, no se los llevaron muertos».
Piden mesa de trabajo para analizar folios militares
Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos solicitaron crear una mesa de trabajo permanente en la que participen representantes de las madres y padres, sus asesores jurídicos, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y la unidad especial encargada de la investigación, para revisar de manera conjunta información considerada importante para esclarecer lo ocurrido con los estudiantes.
Durante el mítin, pidieron analizar 33 folios militares que contienen datos relevantes sobre el caso, para identificar elementos que puedan ser investigados y corroborados por el Ministerio Público para incorporarlos en el expediente como pruebas. Con ello, buscan fortalecer las investigaciones y que la información obtenida pueda derivar en nuevas acusaciones o procesos judiciales contra los presuntos responsables.
Además, los padres y madres señalaron que desde 2024, se han dejado de lado diversas líneas de investigación que surgieron tras el cuestionamiento y posterior desacreditación de la llamada “verdad histórica”, la versión oficial presentada por el gobierno federal antes de 2018 sobre lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa, pues comentaron que la CoVAJ concluyó que esa versión fue construida para encubrir a los responsables y ocultar información sobre el destino de los jóvenes.
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Exigen traer a la mesa extradiciones de Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé
Los familiares pidieron que el gobierno atraiga la extradición de Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé, a quienes que sus declaraciones son importantes para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas. Además, de que recordaron los señalamientos en su contra por presuntas irregularidades cometidas durante las primeras investigaciones del caso.
Asimismo, demandaron que se restablezca la asistencia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), organismo internacional que acompañó las investigaciones durante varios años, pues consideraron que el trabajo que desempeñó fue clave para cuestionar y desacreditar la llamada “verdad histórica”, además de aportar nuevas líneas de investigación sobre la posible participación de autoridades y grupos criminales en la desaparición de los estudiantes.
