El juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar documentos militares faltantes relacionados con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al considerar que la información sí existe y debe hacerse pública.
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La resolución instruye específicamente la entrega de 853 folios generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), materiales que durante años han sido solicitados por las familias de los estudiantes desaparecidos sin que hasta ahora se hubieran proporcionado.
¿Qué ordenó el juez en el caso Ayotzinapa?
De acuerdo con el fallo, la discontinuidad en los archivos militares es un indicio de que la información fue producida, por lo que la falta de entrega no demuestra su inexistencia, como ha sostenido la Sedena.
El juzgado concluyó que las autoridades castrenses tienen la obligación de facilitar el acceso a la documentación para garantizar el derecho a la verdad y fortalecer la búsqueda de los normalistas.
Familias de Ayotzinapa impulsaron el amparo
La resolución deriva de la demanda promovida por madres y padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl «Isidro Burgos», quienes denunciaron la omisión de autoridades militares en la entrega de reportes de inteligencia sobre los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Organizaciones acompañantes subrayaron que el fallo reafirma el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad, además de obligar a la Sedena y a otras instancias a colaborar plenamente con la investigación.
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Obstáculos señalados por la CIDH
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Centro Pro) recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido previamente que la falta de acceso a archivos militares ha sido uno de los principales obstáculos para el esclarecimiento del caso.
A más de once años de la desaparición de los 43 normalistas, el caso Ayotzinapa permanece sin resolverse, mientras los familiares insisten en que la apertura total de los archivos oficiales es clave para conocer el paradero de los estudiantes.
