La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó una acusación penal contra cinco exfuncionarios del gobierno de la exalcaldesa de Aguascalientes, Teresa Jiménez, por su presunta participación en la contratación irregular de la empresa Next Energy, un proyecto de suministro de energía firmado en 2019 que, de acuerdo con las investigaciones, ocasionó un daño millonario a las finanzas municipales.
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¿Quiénes son los exfuncionarios imputados por la FGR?
De acuerdo con una investigación publicada por El País, la entonces alcaldesa de Aguascalientes —actualmente gobernadora del estado por el Partido Acción Nacional (PAN)—, no fue incluida en la imputación pese a que su firma aparece en el contrato.
Fuentes federales señalaron al medio español que la FGR considera que la mandataria formaría parte de la presunta trama de corrupción; sin embargo, los fiscales habrían decidido no ejercer acción penal en su contra por ahora para evitar que el caso fuera interpretado como una persecución política contra la oposición.
La investigación que está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) seala, pñor ahora, a cinco exservidores públicos:
- Jaime Gerardo Beltrán Martínez, exsecretario del Ayuntamiento y exdirector general de gobierno.
- Alfredo Martín Cervantes García, exsecretario de Finanzas.
- Mónica Marcela Díaz Aranda, exencargada de despacho de la Secretaría de Administración.
- Rodolfo Téllez Moreno, exsecretario de Servicios Públicos y administrador del contrato.
- Luis Alberto Rivera Vargas, exsíndico procurador del municipio.
El País reportó que Beltrán Martínez, quien fue electo magistrado en la elección judicial de 2024, promovió un amparo al argumentar que cuenta con fuero constitucional.
Las presuntas irregularidades del contrato con Next Energy
La contratación de Next Energy fue aprobada en marzo de 2019 mediante un esquema de Asociación Público-Privada (APP), con el objetivo de desarrollar un parque fotovoltaico para abastecer de energía eléctrica al municipio de Aguascalientes.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, el convenio contemplaba pagos por 949 millones de pesos durante 30 años; sin embargo, el compromiso financiero real ascendía a 7 mil 854 millones de pesos.
El esquema establecía que parte de los recursos para cubrir los pagos provendrían de participaciones federales y otra parte de los ingresos del derecho de alumbrado público, administrados mediante un fideicomiso en Banca Afirme.
Según El País, la FGR sostiene que los recursos federales fueron comprometidos de manera ilegal, ya que la Ley de Disciplina Financiera obliga a destinarlos a inversiones públicas productivas. En este caso, las investigaciones apuntan a que el parque fotovoltaico sería controlado por la empresa privada y no por el municipio, como se establecía originalmente.
La investigación también retoma observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las cuales señalan que el Ayuntamiento autorizó pagos anticipados por más de 6, 000 millones de pesos a Next Energy antes de que la empresa prestara el servicio comprometido.
Además, los desembolsos comenzaron desde marzo de 2019, pese a que la vigencia formal del contrato iniciaría hasta abril de 2020 y concluiría en marzo de 2050.
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Fiscalía estatal también investiga el caso
Paralelamente, lla Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGEA) abrió sus propias investigaciones durante la administración de Teresa Jiménez como gobernadora y detuvo al empresario Eugenio Maíz Domene, propietario de Next Energy.
El empresario enfrenta procesos por presuntos delitos de fraude, cohecho y peculado, y permanece en prisión desde diciembre de 2025.
Maíz Domene envió una carta a El País en la que denunció una supuesta fabricación de investigaciones en su contra y aseguró temer por su integridad y la de su familia, además de responsabilizar a diversas autoridades estatales de cualquier daño que pudiera sufrir. Por su parte, el gobierno de Aguascalientes respondió que no puede dar validez a esas afirmaciones y consideró que corresponde a la Fiscalía estatal investigar dichos señalamientos.
