La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que la organización presuntamente encabezada por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, forma parte de la red de huachicol fiscal más grande detectada hasta ahora en México, dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante un esquema de importaciones irregulares, evasión de impuestos y triangulación de recursos.
La titular de la fiscalía, Ernestina Godoy Ramos, informó que las investigaciones permitieron identificar una estructura empresarial, financiera, aduanera y logística que introducía combustible desde Estados Unidos con declaraciones falsas o incompletas para evadir el pago de contribuciones, provocando un daño multimillonario a la Hacienda Pública que suma al momento nueve detenidos.
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FGR vincula a Ernesto Ruffo con la mayor red de huachicol fiscal
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, la investigación determinó que la red comenzó a operar a través de una empresa relacionada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California.
La FGR señaló que el exmandatario fue detenido en Ensenada por elementos del Gabinete de Seguridad como parte de un operativo en el que también fueron aseguradas otras cuatro personas.
Señaló que por este caso, existen en total 25 órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la organización. La fiscalía indicó que entre los investigados se encuentran socios de las empresas involucradas, operadores logísticos y servidores públicos, incluidos agentes aduanales y personal autorizado.
¿Cómo operaba la red de contrabando de combustible ligada a Ruffo?
Según la investigación ministerial, las empresas involucradas importaban productos derivados del petróleo desde refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, pero al cruzar la frontera declaraban cantidades muy inferiores a las reales o registraban mercancías distintas.
La Fiscalía detalló que la organización reportaba apenas 10 mil litros por carro-tanque, cuando en realidad transportaba hasta 110 mil litros, permitiendo el ingreso del combustible sin revisiones aduaneras. Posteriormente, el producto era descargado en espuelas ferroviarias y distribuido mediante pipas pertenecientes a siete empresas que carecían de los permisos correspondientes.
El combustible era comercializado principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas, aunque las operaciones de importación se realizaban por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.
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El daño económico supera los 4 mil millones de pesos
Como parte de las indagatorias, la FGR detectó que aproximadamente 15.3 millones de litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades, mientras que la organización habría utilizado 162 carros-tanque para evadir el pago de impuestos.
Solo por concepto de IEPS, la evasión estimada asciende a 88.5 millones de pesos, a los que se suman 18.2 millones de pesos por IVA, para un daño inicial superior a 106.8 millones de pesos. No obstante, tras ampliar las investigaciones entre enero y julio de 2025, la fiscalía estimó que el perjuicio total a la Hacienda Pública supera los 4 mil millones de pesos.
Asimismo, el análisis financiero reveló movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos en cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares, recursos que presuntamente eran triangulados mediante empresas nacionales y extranjeras para ocultar su origen.
¿Cuántos detenidos hay por este caso?
Actualmente suman nueve personas aprehendidas como parte de las investigaciones en torno al caso, de ellas ocho ya fueron vinculadas a proceso, de acuerdo con la FGR.
La más reciente aprehensión corresponde a Guadalupe “N”, quien fue localizada en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, y es señalada por su probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada.
Guadalupe es identificada como representante legal de Ingemar S.A. de C.V. —empresa del exgobernador Ernesto Ruffo— y, de acuerdo con las investigaciones citadas por la FGR, habría participado en operaciones relacionadas con el traslado y comercialización de hidrocarburos.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía formuló la imputación en su contra y un juez de control le impuso prisión preventiva. Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, por lo que al momento del reporte todavía no se había determinado si sería vinculada a proceso.
La FGR señaló que las investigaciones continúan para identificar y desarticular al resto de la estructura presuntamente involucrada en el contrabando de hidrocarburos.
