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¿Qué pasó con Guadalupe Taddei y la polémica con proveedores y presuntos conflicto de interés en el INE?

Guadalupe Taddei enfrenta señalamientos por presuntos conflictos de interés con proveedores del INE. La presidenta Consejera ordenó realizar una indagatoria

REDACCIÓN RUIDO EN LA RED
REDACCIÓN RUIDO EN LA RED | 22 DE OCTUBRE DE 2026
¿Qué pasó con Guadalupe Taddei y la polémica con proveedores y presuntos conflicto de interés en el INE?

Foto: INE.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, enfrenta cuestionamientos por presuntos conflictos de interés relacionados con empresas proveedoras del órgano electoral.

La polémica surgió luego de que el diario Reforma publicara información sobre los vínculos de empresarios y colaboradores del organismo con compañías investigadas por posibles irregularidades en contrataciones públicas.

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Ante ello, Taddei negó que su oficina favorezca a determinadas empresas y anunció que solicitará una revisión de las contrataciones a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Además, el INE presntó una propuesta de plataforma para consultar sus compras y el uso de recursos públicos.

¿Qué reveló la investigación sobre Guadalupe Taddei y los proveedores del INE?

De acuerdo con el diario Reforma,, los principales señalamientos involucra a Jonathan Navarrete Torres, registrado en la nómina del instituto como chofer adscrito a la oficina de la consejera presidenta, con un sueldo mensual de 45,765 pesos.

La investigación periodística señala que Navarrete recibió en junio de 2023 un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg, es decir, facultades para representar a la empresa en determinados asuntos legales. Esto ocurrió antes de que su incorporación a la oficina de Taddei se registrara en abril de 2025.

Además, Reforma reportó que Navarrete no declaró ese vínculo empresarial en su declaración patrimonial de junio de 2026.

¿Qué empresas proveedoras del INE están bajo investigación?

La publicación refiere investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre siete empresas proveedoras de material electoral, entre ellas Corporativo Zeg y compañías relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

Las firmas mencionadas son:

  • Cajas Graft.
  • Corporativo Zeg.
  • Formas Finas y Materiales.
  • Seriplast de México.
  • Diseño Reconstrucción y Comunicación.
  • Formas Finas Fernando Hernández.
  • Comercializadora Grupo Selati.

Según la información difundida por Reforma, las indagatorias buscan esclarecer posibles irregularidades en contrataciones públicas, así como presuntas prácticas para simular competencia entre proveedores y triangular recursos mediante empresas relacionadas.

Las investigaciones también abarcan relaciones empresariales con antiguos funcionarios del ámbito electoral.

Uno de los antecedentes es un contrato por 197 millones de pesos adjudicado en enero de 2025 a Corporativo Zeg y Cajas Graft para suministrar materiales destinados a la elección judicial, de acuerdo con la cobertura periodística.

Además, el medio señala que laa controversia no se limita al colaborador registrado como chofer de Taddei. También incluye a personas que ocuparon cargos en la estructura administrativa del INE y que anteriormente tuvieron vínculos con empresas proveedoras.

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Uno de los casos señalados es el de Jesús Octavio García González, quien fue representante legal de Corporativo Zeg y posteriormente ocupó la Dirección de Administración del INE durante la presidencia de Taddei. Dejó ese cargo en abril de 2026.

Las publicaciones también documentaron antecedentes de contratos otorgados a compañías vinculadas con los empresarios señalados por parte de organismos electorales estatales, entre ellos el de Sonora, que Taddei presidió de 2014 a 2021.

¿Qué respondió Guadalupe Taddei a los señalamientos?

Ante la polémica, Guadalupe Taddei aseguró que el organismo revisó la documentación correspondiente y canalizó los antecedentes al Órgano Interno de Control (OIC), instancia es la encargada de investigar los hechos y determinar si existieron omisiones o irregularidades.

Taddei precisó que las declaraciones patrimoniales y de intereses se presentan bajo protesta de decir verdad y que su contenido es responsabilidad de las personas que las suscriben.

Asimismo, sostuvo que el INE colaborará con las autoridades encargadas de las indagatorias y aseguró que el organismo entregará la información que le sea requerida, sin interferir en las investigaciones.

Sobre los señalamientos relacionados con las empresas proveedoras, la consejera presidenta pidió que las conclusiones se sustenten en expedientes, documentos y cronologías verificables, en lugar de especulaciones.

«L1os recursos públicos deben ser visibles, las decisiones deben poder explicarse y la ciudadanía tiene derecho a saber qué hacemos con el presupuesto que se confía al Instituto Nacional Electoral. El INE ha sido transparente, es transparente y tiene la obligación de ser cada vez más transparente”, afirmó.

Taddei también acusó a partidos políticos y grupos de poder de aprovechar las publicaciones para debilitar la imagen del organismo electoral. Afirmó que los señalamientos deben tratarse con responsabilidad.

Las declaraciones se produjeron después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera al INE aclarar las presuntas irregularidades y transparentar la información sobre las contrataciones. Sheinbaum también planteó que se revisara si la ASF tiene atribuciones para auditar esos procedimientos.

INE presenta nueva plataforma de transparencia

En medio de la controversia, el INE también presentó la propuesta de un micrositio denominado «INE. Siempre a la vista. Contigo en cada paso», el cual fue dseñado para facilitar la consulta de información sobre contrataciones y el ejercicio de los recursos públicos.

De acuerdo con el organismo, la plataforma permitirá conocer qué bienes y servicios contrata el instituto, qué procedimientos están en curso, cuáles son sus resultados y qué información existe sobre avances y pagos.

La propuesta busca hacer más accesibles documentos que ya se publicaban en los mecanismos institucionales de transparencia.

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