ASF detecta triangulación de más de 700 mdp en gobierno de Samuel García; piden reactivar juicio político

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se encuentra de nuevo en la mira luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó presuntas irregularidades de recursos públicos por más de 7,200 millones de pesos durante su gobierno.

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Tras darse a conocer los hallazgos, el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió al Congreso estatal reinstalar la Comisión Anticorrupción y reactivar el juicio político contra el mandatario.

¿Qué encontró la ASF sobre Samuel García?

Durante la segunda entrega de los informes de la Cuenta Pública 2025, el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, dio a conocer un esquema de operaciones financieras que involucra a empresas proveedoras del gobierno de Nuevo León y un despacho jurídico relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.

De acuerdo con la gráfica presentada por la ASF, la administración estatal realizó cuatro transferencias iniciales por un total de 7,212.2 millones de pesos a distintas empresas. A partir de ahí, los recursos pasaron por otras compañías hasta que una parte llegó al despacho jurídico.

Las cuatro rutas permitieron identificar transferencias por 728.13 millones de pesos hacia esa firma, de acuerdo con la suma de los montos que aparecen en el diagrama.

El auditor explicó que la fiscalización detectó posibles esquemas de triangulación y simulación de operaciones, mediante pagos a proveedores cuyos recursos habrían terminado en cuentas bancarias de personas físicas y morales relacionadas con familiares de servidores públicos.

‘Tenemos mapeado cómo llegan los recursos públicos a ciertos proveedores que presentan servicios a los estados y, una vez que van pasando las cadenas, a través de las cuales administran los recursos, hay una dispersión con muchos patrones que nos indica que hay un posible acto ilegal para que estas transferencias caigan en manos de familiares de servidores públicos’, explicó Hernández Palacios.

El funcionario también aclaró que la ASF todavía realiza los cálculos para determinar el posible daño al erario, por lo que los 728.13 millones de pesos identificados en la gráfica no deben presentarse como una cifra definitiva de daño patrimonial.

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¿Cómo fue la triangulación de recursos en Nuevo León?

El diagrama de la ASF muestra cuatro rutas de transferencias que comenzaron con pagos del gobierno estatal a empresas privadas. Estos son los movimientos y montos identificados:

• De una comercializadora al despacho jurídico: 202.9 millones de pesos

El gobierno de Nuevo León transfirió 964 millones de pesos a una comercializadora. De ese monto, 237 millones fueron enviados a una empresa de alimentos, que posteriormente transfirió 202.9 millones de pesos al despacho jurídico.

El resto de los recursos de esta ruta también aparece distribuido entre tres personas físicas en el esquema de la Auditoría.

• De una empresa de equipamiento al despacho: 77.03 millones de pesos

La administración estatal entregó 154.2 millones de pesos a una empresa, que posteriormente realizó pagos por 144.4 millones a una compañía de equipamiento.

De esta última operación, 77.03 millones de pesos llegaron al despacho jurídico señalado en la investigación.

• De una consultoría al despacho: 62.9 millones de pesos

Otra de las operaciones comenzó con una transferencia de 243 millones de pesos del gobierno estatal a una empresa de servicios.

Esta compañía envió 65.5 millones de pesos a una consultoría, que retuvo 2.6 millones y transfirió los 62.9 millones restantes al despacho jurídico.

• D una constructora al despacho: 385.3 millones de pesos

La ruta de mayor monto comenzó con una transferencia de 5,851 millones de pesos del gobierno estatal a una constructora.

Posteriormente, la compañía transfirió 5,154.6 millones de pesos a otra empresa, desde la cual se enviaron 385.3 millones al despacho jurídico relacionado con el gobernador y su padre.

En total, las cuatro rutas suman 728.13 millones de pesos que habrían llegado al despacho jurídico. Esta cantidad se obtiene de sumar 202.9, 77.03, 62.9 y 385.3 millones de pesos.

¿Qué relación tiene el despacho jurídico con Samuel García?

Las operaciones señaladas por la ASF involucran a un despacho jurídico relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.

Se trata de Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho del que el gobernador es socio y que también ha sido mencionado en investigaciones periodísticas anteriores por presuntas transferencias de recursos provenientes de proveedores del gobierno estatal.

En 2024, el periódico Reforma publicó investigaciones sobre movimientos de dinero hacia esta firma, creada por Samuel García y su padre.

La gráfica presentada por la ASF muestra las transferencias que habrían llegado al despacho a través de distintas empresas, así como una referencia a bienes inmuebles por más de 1,000 millones de pesos.

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Ramírez Cuéllar pide juicio político contra Samuel García

Tras conocerse la denuncia de la ASF, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió al Congreso de Nuevo León reinstalar la Comisión Anticorrupción y permitir que avance el juicio político contra Samuel García.

Ramírez Cuéllar recordó que desde octubre de 2025 había advertido sobre posibles esquemas de facturación falsa en la administración estatal, a los que denominó la ‘estafa regia’.

También señaló que el 29 de julio de 2026 presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para solicitar a la ASF una revisión integral de los recursos federales ejercidos por el gobierno de Nuevo León, particularmente los relacionados con contratos de servicios y obras públicas.

La Comisión Permanente aprobó la solicitud el 19 de agosto y, posteriormente, la ASF presentó la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El diputado sostuvo que el procedimiento de juicio político contra el gobernador debe pasar por el Congreso de Nuevo León, por lo que insistió en que la Comisión Anticorrupción vuelva a instalarse para dar trámite a las denuncias.

Además, pidió retirar el fuero constitucional a Samuel García y cuestionó la suspensión temporal del procedimiento de juicio político otorgada por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Estela Ríos.

Ramírez Cuéllar también recordó que el 30 de octubre presentó una iniciativa para reformar el artículo 109 constitucional en materia de eliminación del fuero y fortalecimiento del juicio político.

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