La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defendió la adquisición de nueve camionetas blindadas destinadas al traslado de ministras y ministros, al asegurar que la decisión responde exclusivamente a criterios de seguridad institucional y se realizó conforme a la normatividad vigente, sin representar un gasto adicional para la institución; defensa a la que también se sumó la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Corte defiende adquisición de camionetas blindadas
Mediante una tarjeta informativa, el máximo tribunal explicó que la renovación del parque vehicular se realizó para garantizar la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad, luego de que dictámenes técnicos concluyeron que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad.
La SCJN señaló que la adquisición de camionetas se llevó a cabo en estricto apego a la normatividad interna vigente desde 2019, la cual establece que este tipo de vehículos debe renovarse de manera periódica —cada cuatro años o antes, si las condiciones del automotor lo ameritan— para asegurar condiciones óptimas de operación y protección.
¿Qué dijo Sheinbuam?
En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el órgano de administración de la Corte explicó que existía un contrato de renta de vehículos, el cual fue sustituido por la compra de las unidades, lo que permitió un ahorro superior a mil millones de pesos en este proceso.
“Nos dieron una nota informativa de que había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra, y ahorraron más de mil millones de pesos”, declaró la mandataria en su conferencia matutina de hoy 23 de enero.
Agregó que a la Corte le corresponde informar y transparentar este tipo de decisiones: “el comité de administración tiene que informar sobre esta adquisición (de las camionetas blindadas)”.
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“Adquisición se hizo para no generar un gasto adicional”
La SCJN también precisó que la compra de las camionetas se realizó de forma paralela a la desincorporación de un parque vehicular mayor, con el objetivo de no generar un gasto adicional para la institución ni afectar el uso racional de los recursos públicos.
Finalmente, tanto la Corte como la presidenta reiteraron la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, subrayando que este tipo de decisiones deben ser debidamente informadas, sin comprometer las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional.
