La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma relacionada con el delito de “corrupción de menores”, lo que organizaciones civiles consideran insuficiente para enfrentar el reclutamiento forzado infantil por parte del crimen organizado en México.
Te recomendamos: Mineros desaparecidos en Sinaloa: ¿qué sabemos sobre los trabajadores de Vizsla Silver?
La reforma fue avalada el 4 de marzo de 2026 con 415 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Sin embargo, organizaciones como Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe advirtieron que la modificación no crea un delito autónomo que tipifique específicamente el reclutamiento forzado de menores, una demanda que diversas organizaciones han impulsado en los últimos años.
Aumentan penas
El delito de corrupción de menores, contemplado en el Artículo 201 del Código Penal Federal, fue creado en 1966 y sanciona a quien obligue o induzca a menores de edad a realizar actos como el consumo de alcohol o drogas, mendicidad con fines de explotación, la comisión de delitos o integrarse a asociaciones delictivas.
Las penas actuales van desde cuatro hasta doce años de prisión, dependiendo de la conducta.
La reforma aprobada por los diputados añade que cuando los actos relacionados con la comisión de delitos o la integración a asociaciones delictivas estén vinculados con la delincuencia organizada, las penas podrán incrementarse hasta en una mitad.
Organizaciones alertan posible retroceso
En un comunicado urgente, Tejiendo Redes Infancia señaló que la reforma podría representar un retroceso legislativo, ya que mantiene el enfoque en el delito de corrupción de menores en lugar de reconocer el reclutamiento infantil como una forma de explotación y violencia armada.
Según la organización, encuadrar estos casos en la figura de corrupción de menores desvía el foco de las víctimas, pues puede reforzar la narrativa de que niñas, niños o adolescentes “participan” en delitos, en lugar de reconocer que son víctimas de coacción, explotación y violencia.
También advirtió que, cuando la ley no reconoce claramente a las víctimas, el sistema de justicia puede terminar procesando a adolescentes como delincuentes en lugar de brindarles protección y restitución de derechos.
Te recomendamos: Caso Ayotzinapa: ordenan a Sedena entregar folios militares faltantes a familiares de normalistas
Miles de menores en riesgo de reclutamiento
De acuerdo con estimaciones citadas por organizaciones civiles, entre 145 mil y más de 250 mil niñas, niños y adolescentes en México están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.
Las organizaciones señalan que diversas iniciativas legislativas han propuesto tipificar el reclutamiento forzado de menores como delito autónomo, en línea con recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y estándares internacionales.
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el dictamen deberá ser analizado por el Senado de la República, donde organizaciones civiles pidieron abrir un proceso de parlamento abierto para discutir la creación de un tipo penal específico.
De acuerdo con Tejiendo Redes Infancia, el Senado aún tiene la oportunidad de impulsar una legislación que reconozca el reclutamiento forzado infantil como un delito autónomo, con enfoque en la protección de las víctimas y en estándares internacionales de derechos humanos.
