La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que las desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado “aún no han sido del todo erradicadas” en México y señaló que persisten casos en los que autoridades de seguridad y procuración de justicia actúan en complicidad con el crimen organizado.
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En su informe “Desaparición de Personas en México”, publicado este 11 de mayo, la CIDH alertó que el país enfrenta una “grave crisis de derechos humanos” debido al alto número de personas desaparecidas y no localizadas. El organismo documentó que, hasta junio de 2025, se contabilizaban más de 128 mil personas desaparecidas, además de más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado, de acuerdo con registros independientes.
Informe señala participación o complicidad de autoridades
La comisión sostuvo que, aunque la mayoría de las desapariciones son atribuidas al crimen organizado, continúan registrándose desapariciones forzadas relacionadas con autoridades estatales. El informe refiere que existen casos en los que servidores públicos participan directamente o actúan con autorización, apoyo o aquiescencia frente a estos delitos.
La CIDH enfatizó que las desapariciones forzadas en México ocurren desde hace varias décadas a partir de la llamada «guerra sucia». Estas estas prácticas, dijo. ocurren en un contexto marcado por la impunidad, la debilidad institucional y la violencia generalizada, lo que contribuye a la persistencia y reproducción del fenómeno.
El organismo internacional también señaló que la impunidad sigue siendo uno de los principales problemas en México, debido a la baja judicialización de casos y el reducido número de sentencias emitidas por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
El informe también retoma casos históricos y recientes en los que el propio Estado mexicano ha reconocido responsabilidad en desapariciones forzadas cometidas por fuerzas militares o policiales.
PetrohsW/Wikimedia Commons.
La comisionada Andrea Pochak mencionó en entrevista para Aristegui Noticias que en México existe un fenómeno generalizado e indiscriminado de desaparición de personas, la cual implica responsabilidades del Estado en la prevención, en la justicia, así como en la intensificación de los restos.
Enfatizó en que con eslogan, ni con respuestas fáciles no se soluciona un problema complejo como este, por lo que la CIDH pone a disposición un análisis muy riguroso de lo que se está haciendo y falta por hacer para dar solución y una respuesta a las desapariciones forzadas en el país.
Familias continúan encabezando las labores de búsqueda
De acuerdo con el informe, pese a algunos avances recientes en materia de acceso a la justicia y apertura de investigaciones, las acciones del Estado continúan siendo insuficientes frente a la magnitud de la crisis. La CIDH destacó que muchas familias de personas desaparecidas siguen encabezando las labores de búsqueda ante la falta de respuesta institucional.
Estas enfrentan una serie de desafíos institucionales y arriesgan sus vidas «hasta encontrarlos». Por ello, la comisión enfatizó en que se requiere mejorar las modalidades de protección que brinda el Estado a las personas buscadoras dadas las persistentes situaciones de riesgo y violencia que enfrentan, mismas que han aumentado en los últimos años.
La Comisión también identificó patrones específicos de violencia contra niñas, niños y adolescentes reclutados por grupos criminales; mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de violencia de género; periodistas y personas defensoras de derechos humanos; así como personas migrantes que enfrentan riesgos en rutas de tránsito.
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CIDH emite recomendaciones al Estado mexicano
Como parte del documento, la CIDH emitió 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano para fortalecer la prevención, búsqueda, investigación y sanción de desapariciones.
Entre las medidas planteadas destacan el fortalecimiento de estrategias de prevención coordinadas entre Federación, estados y municipios, así como con la participación de organizaciones de derechos humanos y de colectivos de familiares de víctimas; la armonización de legislaciones locales con la Ley General en Materia de Desaparición.
Capacitación obligatoria y permanente para autoridades del Ministerio Público. Difusión de mecanismos estatales disponibles para atender una desaparición, en especial mediante canales y medios utilizados por familias de personas desaparecidas.
Diseñar e impartir un curso obligatorio sobre desaparición para todas las nuevas autoridades del sistema de justicia.
La CIDH indicó que, aunque el gobierno mexicano ha reconocido la gravedad del problema y ha impulsado algunas acciones para atender la crisis, los esfuerzos siguen siendo limitados ante el incremento sostenido de desapariciones en el país.
