La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo a Google con el que la empresa multinacional buscaba invalidar los plazos para entregar información en investigaciones por posibles prácticas monopólicas.
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¿Qué resolvió la SCJN sobre Google?
Durante la sesión del pleno, el máximo tribunal validó el artículo 73 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), que establece un plazo de 10 días para que los agentes económicos entreguen información solicitada por la autoridad investigadora, con posibilidad de una única prórroga de hasta otros 10 días.
La decisión se dio al resolver un amparo promovido por Google, empresa que cuestionó la constitucionalidad de dicho plazo dentro de una investigación relacionada con posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de desarrollo, distribución y procesamiento de pagos de aplicaciones y contenido digital, así como publicidad digital.
¿Por qué Google impugnó la norma?
Durante la investigación, la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) requirió información a la compañía tecnológica. Sin embargo, al considerar que la empresa no cumplió con lo solicitado en los tiempos establecidos, la autoridad hizo efectivo un apercibimiento e impuso una multa por cada día de incumplimiento.
Ante ello, Google promovió un juicio de amparo argumentando que el plazo de 10 días previsto en la legislación era rígido y desproporcionado, especialmente cuando se trata de requerimientos que implican la entrega de grandes volúmenes de información.
La empresa sostuvo que este esquema podría afectar su derecho a una adecuada defensa y generar cargas excesivas para las compañías sujetas a investigación.
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SCJN respalda facultades de la autoridad antimonopolio
Al analizar el caso, el Máximo Tribunal concluyó que el plazo previsto en la Ley Federal de Competencia Económica es compatible con la Constitución, ya que busca garantizar investigaciones eficientes y oportunas en materia de competencia económica, tal como lo establece el artículo 28 constitucional.
Los ministros señalaron que la norma ofrece certeza jurídica porque fija un plazo claro y conocido para los agentes económicos, además de contemplar una prórroga cuando la complejidad del requerimiento así lo justifique.
Asimismo, la Corte consideró que los argumentos de Google estaban relacionados con las circunstancias particulares del requerimiento que originó la multa, pero no demostraban que la disposición legal fuera, por sí misma, inconstitucional o contraria a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica.
Con esta resolución, la SCJN confirmó la constitucionalidad del artículo 73 de la LFCE y negó el amparo respecto a ese punto. Sin embargo, dejó en manos del tribunal colegiado correspondiente el análisis de los aspectos de legalidad relacionados con la multa impuesta a la empresa en el caso concreto.
