El Congreso de Hidalgo aprobó reformas al Código Penal estatal para sancionar con hasta tres años de prisión a quienes realicen o promuevan las llamadas terapias de conversión, prácticas dirigidas a modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas.
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Con la aprobación de estas modificaciones, Hidalgo se suma a las entidades que han prohibido las denominadas Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), al considerarlas una forma de violencia y discriminación.
¿Qué castigo habrá por las terapias de conversión en Hidalgo?
Las reformas establecen penas de uno a tres años de prisión, además de sanciones económicas, para quienes sometan a una persona a este tipo de prácticas.
Además, las modificaciones tipifican las terapias de conversión como un delito independiente, por lo que también podrán ser sancionadas las personas que las financien o promuevan.
Legisladores destacan protección a la diversidad sexual
Durante la discusión, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Carlos Alejandro Alcántara Cabajal, señaló que estas reformas responden a experiencias reales de integrantes de la diversidad sexual que han enfrentado discriminación, exclusión y distintos tipos de violencia.
El legislador sostuvo que la prohibición de las terapias de conversión representa un avance en la protección de los derechos humanos y en el combate a prácticas discriminatorias.
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Por su parte, la diputada de Morena, Tania Eréndira Meza Escorza, celebró que las iniciativas tipifiquen estas prácticas como un delito autónomo.
Explicó que la reforma permitirá castigar no solo a quienes las practiquen, sino también a quienes las financien, al considerar que constituyen actos de tortura que vulneran el libre desarrollo de la personalidad.
Asimismo, advirtió que este tipo de prácticas pueden provocar graves afectaciones psicológicas e, incluso, derivar en suicidios.
Qué son las terapias de conversión?
Las llamadas terapias de conversión o ECOSIG consisten en intervenciones, tratamientos o prácticas que buscan modificar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona.
Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han advertido que estas prácticas carecen de sustento científico y pueden provocar daños físicos y emocionales, por lo que diversos estados del país han impulsado su prohibición mediante reformas penales.
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