Organizaciones denunciaron que la Fiscalía General del Estado de Guerrero fabricó un caso penal contra el defensor Jesús Plácido Galindo, integrante del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), con el objetivo de criminalizar su labor en defensa de los pueblos indígenas y del territorio.
El caso ha reavivado la crisis de violencia que enfrenta la Montaña de Guerrero, una región marcada desde hace años por la disputa entre grupos del crimen organizado, el desplazamiento forzado de comunidades y las denuncias de abandono por parte del Estado.
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¿Qué pasó con Jesús Plácido Galindo?
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el 17 de julio Jesús Plácido Galindo fue detenido mediante un operativo en el que participaron más de 40 policías ministeriales encapuchados, además de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y autoridades federales.
La organización afirmó que la Secretaría de Gobernación (Segob) facilitó su traslado, el cual ocurrió en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana hasta el penal del Altiplano, mientras que la comunicación oficial difundió que enfrentaba acusaciones por delincuencia organizada, secuestro y homicidio, situación que —asegura— vulneró su derecho a la presunción de inocencia.
Además, recordó que el defensor indígena forma parte desde 2021 del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debido al riesgo derivado de su trabajo en comunidades de la Montaña de Guerrero.
¿Por qué fue vinculado a proceso?
El pasado 23 de julio, el juez de control Celso Ubaldo de la Sancha vinculó a proceso a Jesús Plácido Galindo por su presunta responsabilidad intelectual en el asesinato de José Pablo Xanteco Bartolo, indígena nahua originario de Xicotlán.
Sin embargo, Tlachinollan sostiene que la acusación se sostiene sobre testimonios irregulares y documentos que deberían ser anulados.
Entre las principales inconsistencias denunciadas destacan:
- Entrevistas realizadas sin intérprete, pese a que los declarantes pertenecían a comunidades indígenas.
- La ausencia de la asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) durante una de las declaraciones.
- Un testimonio atribuido a Marcos Campos, quien había fallecido en 2022, cuya firma presuntamente fue falsificada.
- Documentos sin sellos oficiales, códigos de seguridad, fecha ni hora de elaboración.
Según la defensa, estas irregularidades demuestran que las pruebas fueron obtenidas de forma ilícita, aunque el juez rechazó excluirlas.
La organización también aseguró que documentos oficiales de la propia Fiscalía de Guerrero evidencian que la carpeta por el homicidio de José Pablo Xanteco Bartolo no existía hasta agosto de 2025.
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Exigen su liberación
Tras la vinculación a proceso, integrantes del CIPOG-EZ, habitantes de Buenavista y diversas organizaciones sociales han realizado movilizaciones para exigir la liberación inmediata del defensor indígena.
Entre las protestas recientes se encuentra un bloqueo efectuado por el Movimiento Agrario Indígena Zapatista sobre la carretera federal 190, en el tramo Huajuapan-Tamazulapan y en el municipio de Buena Vista, guerrero, donde manifestantes reclamaron la liberación de Jesús Plácido Galindo y denunciaron su encarcelamiento como un acto de persecución contra quienes defienden los derechos de los pueblos originados.
En un pronunciamiento conjunto, el Congreso Nacional Indígena, la Misión Civil de Observación Sexta y otras organizaciones sostuvieron que el caso representa una estrategia de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y exigieron al Estado mexicano respetar el debido proceso, garantizar su integridad física y liberar al activista.
