El gobierno federal aseguró este martes que busca evitar un enfrentamiento que ponga en riesgo a la población civil durante los ataques armados por parte del grupo delictivo «Los Ardillos», los cuales comenzaron desde el pasado 6 de mayo en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, situación que ha dejado a personas desplazadas, heridos y la desaparición de cuatro integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-Ez).
Te recomendamos leer: CIDH: desapariciones forzadas por el Estado no han sido erradicadas en México
¿Qué está pasando en la comunidad de Alcozacán?
De acuerdo con Cipog-Ez, desde el pasado miércoles 6 de mayo «Los Ardillos» comenzaron una serie de ataques en contra de las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozocán, comunidades integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata.
Los ataques se intensificaron el domingo cuando integrantes de este grupo delictivo comenzaron a lanzar artefactos explosivos con la ayuda de drones y dispararon con armas de alto calibre contra habitantes de la comunidad de Alcozacán.
Esto ha provocado el desplazamiento de poco más de mil personas y la muerte de integrantes de la comunidad.
Por ello, el consejo exige la protección por parte del gobierno federal con el arribo de la Guardia Nacional y del Ejército.
«Ya van más de cinco días de ataques y el gobierno sigue sin hacer nada ¡No podemos esperar más! (…) Si algo nos sucede responsabilizamos directamente a (la presidenta) Claudia Sheinbuam, (a la gobernadora de Guerrero), Evelyn Salgado, (al subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del Estado) Francisco Rodríguez Cisneros y al Estado mexicano», señaló el Cipog-Ez en un comunicado.
Cipog-Ez denuncia desaparición de cuatro de sus integrantes
El Cipog-Ez también denunció la desaparición de cuatro de sus integrantes durante los ataques perpetrados por «Los Ardillos».
Medios como La Jornada refieren que automovilistas reportaron el hallazgo de restos humanos sobre la carretera que va a Chilapa al municipio de Tlapa de Comonfort. La dirigencia del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata teme que se trate de sus compañeros desaparecidos en Xicotlán: José Guadalupe Ahuejote Xantenco y Víctor Ahuejote Arribeño.
A la par, el consejo refirió que Francisco Rodríguez Cisneros se encuentra retenido en el crucero del «Jagüey» por parte de «Los Ardillos» con la finalidad de seguir atacando a sus comunidades, desplazaros a todos y tomar el control de su territorio.
El funcionario, dijo, tenía previsto reunirse con ellos hoy lunes 11 de mayo en Alcozacán.
Te recomendamos leer: ‘El mundial vuelve a casa, ¿y nuestros desaparecidos cuándo?’: madres marchan este 10 de mayo
¿Qué han dicho las autoridades?
El subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que desde el pasado 7 de mayo se reforzó la presencia institucional en comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez, luego de que se reportaran agresiones armadas en la localidad de Tula.
El funcionario estatal señaló que, tras tener conocimiento de los hechos, se desplegó personal de seguridad y atención en la zona mediante tres Bases de Operaciones Institucionales ubicadas en las localidades de Colotepec, Chimaltepec y San Jerónimo Palantla, en las inmediaciones de Alcozacán y Tula, en la región de la Montaña baja.
Sin embargo, esa versión fue desmentida hoy por el Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata.
Más tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que hasta el momento se tiene registro del desplazamiento de 96 personas derivado de la violencia en la zona. Señaló que desde el inicio de los ataques existe presencia de elementos de la Guardia Nacional, Ejército y autoridades estatales, aunque reconoció que la situación es “muy delicada”.
El funcionario explicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se encuentra en la región atendiendo personalmente el conflicto y dialogando con habitantes para permitir la salida de personas heridas y atender a quienes permanecen bloqueados en la comunidad.
“La autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía”, afirmó Harfuch, quien advirtió que un ingreso inmediato de fuerzas federales podría provocar un enfrentamiento y poner en riesgo a más civiles.
Asimismo, confirmó que en la disputa participan grupos criminales identificados como “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, aunque subrayó que gran parte de la población afectada no tiene relación con estas organizaciones.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la prioridad del gobierno federal es preservar la vida de las personas atrapadas en los poblados afectados, donde además hay personas lesionadas y bloqueos carreteros.
Explicó que el objetivo inmediato es lograr, mediante el diálogo, la salida de heridos y la atención a las familias desplazadas, antes de avanzar en acciones contra los grupos armados.
Sheinbaum señaló que, aunque existen grupos delictivos en la zona y el caso deberá atenderse “con la fuerza de la ley”, el gobierno busca evitar un operativo que derive en un enfrentamiento mayor.
“Lo que no queremos que ocurra es un enfrentamiento que vaya a afectar a la población civil”, sostuvo la mandataria.
