Los gobernadores morenistas de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, rechazaron las acusaciones que los señalan como objeto de investigaciones en Estados Unidos (EU) por supuestos vínculos con el crimen organizado y que ya les fue retirada la visa, por lo que ingresan a ese país con un permiso especial que normalmente se reserva para testigos que cooperan, de acuerdo con un reportaje de Los Ángeles Times y la plataforma Puente News Collaborative.
La acusación se difunde días después de que la presidenta Claudia Sheinabaum alertara sobre una campaña de grupos de la ultraderecha estadounidense para inmiscuirse en asuntos políticos de México e influir en las próximas elecciones del país.
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¿Qué dijeron los gobernadores Durazo y Villarreal sobre las acusaciones de EU?
Luego de que se diera a conocer la noticia, Durazo se dijo tranquilo y que continuará con su trabajo diario, pues si hubiera cometido algún delito, ya se hubieran conocido los detalles.
“Lo que me pone a salvo es toda una vida, no esta declaración. Ustedes saben cómo hemos trabajo aquí en el estado, aquí en el pueblo todos nos conocemos, aquí no se puede ocultar absolutamente nada y si hubiese la menor corruptela, la menor complicidad, ustedes serían los primeros en enterarse”, dijo en una conferencia de prensa.
Criticó el trabajo periodístico, al que calificó como “una nota más, sin fuentes, como muchas otras que lamentablemente circulan sin ningún sustento”.
Sobre su visa, descartó que tenga que viajar a Estados Unidos o mostrar su visa a los medios.
“Tampoco creo que deba a EU para probar que tengo visa. Tampoco me veo mostrando mi visa para demostrar a un periodista, sin fuente, que tengo mi visa vigente. Si hay alguna investigación, corresponde a las autoridades norteamericanas precisar la información”, señaló.
Por otra parte, agregó que la nota forma parte una estrategia y un “ánimo de debilitar políticamente algún proyecto progresista, que es el movimiento más relevante a nivel mundial”.
En tanto, Villarreal negó las acusaciones y calificó los hecho como falsos y tendenciosos.
“Con relación a la publicación difundida el día de hoy por Los Ángeles Times que niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones que dicho medio pretende presentar como hechos. Se trata de señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que los respalde”, detalló en un video difundido en sus redes sociales.
A la par, rechazó “categóricamente cualquier insinuación o afirmación que pretenda vincularme con organizaciones criminales o con actividades al margen de la ley”.
Negó que existe alguna “resolución, acusación, procedimiento judicial o comunicación oficial de autoridad alguna de México o Estados Unidos que sustente los señalamientos de dicha publicación”.
Además, dijo que “cuento con mi visa estadounidense vigente. No he recibido alguna notificación de autoridad alguna relacionada con su estatus, restricción, cancelación o procedimiento de cualquier naturaleza. Tampoco he sido informado de investigación alguna en mi contra”.
¿Qué dice el reportaje sobre la investigación en EU sobre Alfonso Durazo y Américo Villarreal?
El trabajo periodístico de Steve Fisher y Kate Linthicum indica que personas familiarizadas con el caso de Alfonso Durazo dijeron que la visa le fue cancelada el año pasado y que Estados Unidos lo está investigando por supuestos vínculos con el crimen organizado.
“Según informaron, Durazo viaja regularmente a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado por una afección médica, en el marco de un programa de libertad condicional generalmente reservado para personas que cooperan con las autoridades. La oficina de Durazo no respondió a la solicitud de comentarios”, sostiene el reportaje, que detalla que las fuentes hablaron bajo condición de anonimato.
La mención de Alfonso Durazo en el reportaje resulta relevante no solo por ser el actual gobernador de Sonora, sino también porque ocupa uno de los cargos más importantes dentro de Morena: preside el Consejo Nacional del partido, órgano encargado de definir lineamientos políticos y estrategias internas, además de tener un papel clave en la vida interna del movimiento fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Mientras que la investigación contra Américo Villarreal está relacionada con el contrabando de combustible y que también cuenta con “libertad condicional por beneficio público significativo”.
“Cuando cruza la frontera hacia Estados Unidos, suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses, según una persona familiarizada con su caso”, apuntan los periodistas.
El gobernador de Tamaulipas sí respondió y “negó haber cometido irregularidad alguna, calificando las acusaciones de falsas, parciales y carentes de pruebas. Afirmó que, como servidor público, siempre ha sido transparente, responsable y ha respetado la ley”.
El reportaje explica que el programa, conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, permite a los no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de los cargos reales o pendientes en su contra o en contra de otros.
El caso de Rubén Rocha Moya y Los Chapitos
El texto también alude al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el único mandatario estatal mexicano con cargos formales públicos, a quien se le acusa de haber llegado al poder con apoyo de Los Chapitos, el cual mantuvo a lo largo de su gestión.
“Según fuentes, en una reunión celebrada en mayo, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le comunicó a Sheinbaum que la administración Trump espera que México envíe a Rocha Moya a Estados Unidos”.
“Sheinbaum afirmó que su administración decidirá el destino del gobernador basándose en su propia evaluación de su conducta, y advirtió a Mullin que nuevas acusaciones estadounidenses contra líderes electos se considerarían injerencia política en los asuntos de México”, puntualiza el reportaje.
Gobierno de Tamaulipas y de Sonora rechazan señalamientos
Luego de la publicación del reportaje, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín, negó las acusaciones contra el gobernador Américo Villarreal.
«Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por Los Angeles Times sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya», señaló en su cuenta de X.
Asimismo, afirmó que se trata de «señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde» y sostuvo que no existen «documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acrediten lo publicado».
El funcionario agregó que «nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos» y aseguró que «la verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas».
Por su parte, la titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, Paloma María Terán, también rechazó la información publicada por el medio estadounidense:
«Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño», indicó.
La funcionaria aseguró que el mandatario estatal «cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos».
Además, reiteró que el gobierno estatal rechaza «categóricamente cualquier señalamiento sin sustento» y refrendó su compromiso con «la verdad y la transparencia».
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El contexto
En el caso de Tamaulipas, las acusaciones contra Américo Villarreal se suman a una larga historia de señalamientos y procesos judiciales que han involucrado a exgobernadores de la entidad. Uno de los casos más conocidos es el de Tomás Yarrington, quien fue detenido en Italia en 2017 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, dond enfrentó cargos relacionados con lavado de dinero.
Otro exmandatario tamaulipeco que ha estado bajo investigación es Eugenio Hernández Flores, detenido en México en 2017 por acusaciones de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, Francisco García Cabeza de Vaca enfrentó investigaciones por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, aunque él ha rechazado reiteradamente las acusaciones.
Por ello, cualquier nuevo señalamiento contra un gobernador de Tamaulipas suele generar atención tanto en México como en Estados Unidos, debido al historial de investigaciones que han involucrado a figuras políticas de la entidad fronteriza.
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