Autoridades de Estados Unidos informaron que tienen bajo custodia a unos de los implicados en una investigación federal que señala una presunta red de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados de recibir sobornos y facilitar el tráfico de drogas y armas en la entidad, así como de facilitar las operaciones del grupo criminal “Los Chapitos” a través del uso de recursos de sus cargos públicos.
El pasado 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de la Unión Americana acusó a Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, y ocho funcionarios más, de vínculos con el crimen organizado. Además, solicitó su extradición. Los señalamientos generaron una tensión con el gobierno mexicano, que exigió la presentación de pruebas contundentes sobre el caso.
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¿Quiénes son los funcionarios de Sinaloa que se han entregado y están detenidos en Estados Unidos?
Hasta el momento, se ha confirmado la entrega de los siguientes funcionarios:
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
- Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa
En el caso de Gerardo Mérida Sánchez, el gabinete de Seguridad Pública informó que el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo de 2026, a través de la Garita de Nogales, hacia Arizona. Tras ello, quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses, quienes posteriormente lo trasladaron a Nueva York.
Las autoridades mexicanas añadieron que mantienen comunicación institucional con sus pares estadounidenses, “en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”.
En tanto, fuentes oficiales citadas por Reforma, señalaron que Enrique Díaz también se entregó a las autoridades estadounidenses, aunque aún se desconocen detalles del hecho.
Es acusado por Estados Unidos de conspiración para la importación de drogas; posesión de armas y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
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¿Quiénes son los funcionarios de Sinaloa bajo investigación?
El caso también involucra a otros funcionarios y figuras políticas del estado, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes han sido mencionados dentro del expediente como parte de una posible red de colaboración con el crimen organizado.
Además, han sido señalados por el gobierno de Estados Unidos: Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general adjunto; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación; José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, exmando policial estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a los implicados en particpar en actos de:
- Conspiración para traficar drogas hacia territorio estadounidense
- Presuntos sobornos del crimen organizado
- Protección institucional a operaciones del Cártel de Sinaloa
- Filtración de información sobre operativos de seguridad
- Uso de estructuras gubernamentales para encubrimiento
Respuesta de los implicados
Los funcionarios y exfuncionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos han negado las acusaciones y aseguran que no existen pruebas públicas que los vinculen con actividades ilegales.
Rubén Rocha Moya ha rechazado cualquier relación con el crimen organizado y sostiene que su administración mantiene coordinación con autoridades federales en materia de seguridad. El pasado 2 de mayo pidió licencia a su cargo como gobernador de Sinaloa, para permitir las investigaciones y que las instituciones de justicia actúen sin ningún tipo de presión o interferencia.
Ante la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya fue nombrada Yeraldine Bonilla, como gobernadora interina.
Por su parte, el senador Enrique Inzunza Cázares no ha emitido una postura amplia sobre el caso, pero su ausencia en las última semanas a las sesiones del Senado de la República ha sido notoria.
Otros señalados han negado su participación en hechos ilícitos y han expresado su disposición a colaborar con las autoridades en caso de ser requeridos.
