El asesinato de la ambientalista Berta Cáceres era “previsible y evitable”, concluyo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independenites (GIEI) de Honduras.
El crimen, ocurrido en marzo de 2016 , conmocionó al país y generó la investigación recientemente concluida.
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¿Qué dijo el GIEI sobre el asesinato de Berta Cáceres?
Este lunes, el GIEI presentó su estudio, en el que concluyó que el Estado hondureño tuvo conocimiento del la planeación del ataque.
«El GIEI estableció que el crimen fue previsible y prevenible. Existía información concreta en manos del Estado y en tiempo real que alertaba sobre su planificación, incluyendo interceptaciones telefónicas en las que se discutía explícitamente el asesinato, se negociaban pagos, armas y logística, y se hacía referencia a decisiones adoptadas por niveles superiores”, detalló el GIEI.
Agregó que Mariano Díaz Chávez, un militar en activo y quien fuye señalado como el autor material del asesinato, contó con acceso a armas, logística y personal armado; además, usaba “redes vincualada a estructuras de seguridad para coordinar operaciones ilícitas”.
A través de intercepciones, el Estado hondureño supo que “desde el 4 de enero de 2016 se mantenían conversaciones explícitas sobre cinco incursiones previas al asesinato de Berta Cáceres.
En estos eventos se planeó la logística, los seguimientos y el plan para llevar a cabo el ataque.
Alertó que pese a ello, las autoridades no actuaron ni activaron los respectivos protocolos, lo que se considera como omisión grave.
Añadió que en el crimen participaron tanto sicarios e intermediarios con formación militar, así como directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA); además del Estado, a través de redes de apoyo, tolerancia y omisión.
¿Quién era Berta Cáceres?
Era una activista nacida el 4 de marzo de 1971 en Intibucá, Honduras.
Desde joven, gracias a su madre María Austra Berta Flores, se involucró en la defensa de los derechos humanos.
Fue una defensora del territorio de los Lencas, un pueblo originario que ocupa gran parte de Honduras y El Salvador.
En 1993 cocreó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), que armó campañas contra megaproyectos que violaban los derechos ambientales y de propiedad de la tierra de los lencas.
El 2 de marzo de 2016, un grupo de personas ingresó a su domicilio y la mató.
El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete hombres por el crimen y dijo que habían sido contratados por ejecutivos de DESA.
