La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Nueva Elektra del Milenio, empresa de Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar más de 67 millones de pesos al Servicio de Acción Tributaria (SAT) mientras que el amparo directo relacionado con TotalPlay quedó pendiente de discutir.
El Plano de la Corte avaló el proyecto de la ministra Lenia Batres por 67 millones 165 mil 827 pesos con el que se validó que el Servicio de Acción Tributaria (SAT) está facultado para revisar a las empresas individuales, aun cuando formen parte de un grupo que tributa de manera conjunta, por lo que revocaron el amparo concedido a Nueva Elektra del Milenio, de Grupo Elektra.
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El otro crédito fiscal en disputa es por 645.7 millones de pesos que TotalPlay se niega a cubrir, pero el ministro presidente, Hugo Aguilar, solicitó mantenerlo en lista para un “mayor análisis”.
Es el segundo revés en una semana en la SCJN, luego del asestado contra las empresas de Salinas Pliego con el que se determinó que Elektra y TV Azteca deben saldar la deuda por más de 49 mil millones de pesos por concepto de ISR.
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Grupo Salinas reclama nuevo revés en la SCJN
El conglomerado encabezado por Ricardo Salinas Pliego aseguró que las decisiones de la SCJN no son definitivas y que acudirán ante otras instancias nacionales para defenderse.
“Con todo esto, la Corte espuria vuelve a exhibir su verdadera intención y motivación política: invalidar y revocar cualquier sentencia que proteja nuestros derechos para allanar el camino y así cumplir el mandato que les ha marcado el Poder Ejecutivo. Otra clara evidencia de que la división de poderes en nuestro país simplemente ya no existe”, escribió Grupo Salinas en un comunicado.
El grupo agregó que le “asiste la razón ética” y que mantienen “su voluntad de pagar lo que es justo y correcto”.
“En un episodio más de este modus operandi del ‘nuevo’ tribunal constitucional, los ministros votaron completamente en línea con el dictado de Palacio Nacional, violando principios fundamentales del Estado de Derecho como el de legalidad, el debido proceso y la igualdad de trato ante la ley. Con absoluto descaro y sin pudor alguno, otra vez desdeñaron nuestros argumentos -apegados a ley y criterios jurídicos sólidos- sin mayor análisis ni discusión del fondo, mucho menos respetaron y salvaguardaron el orden constitucional”, lanzó.
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