La presidenta Claudia Sheinbaum exigió al gobierno de Estados Unidos (EU) presentar pruebas “contundentes e irrefutables” contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que el Departamento de Justicia estadounidense hiciera públicos cargos en su contra y de otros nueve funcionarios mexicanos, entre los que se encuentran también el alcalde de Culiacán.
Durante su conferencia ”mañanera” de hoy, la mandataria advirtió que, de no existir evidencia sólida conforme a la legislación mexicana, las acusaciones podrían tener un trasfondo político.
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¿Qué dijo Sheinbaum sobre las acusaciones contra Rubén Rocha y otros políticos mexicanos en EU?
Sheinbaum reiteró que su gobierno no protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito:
“Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía, es decir, si la Fiscalía General de la República (FGR) que es la autoridad competente recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislacíón mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción (…) nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, dijo.
Sin embargo, insistió en que las acciones deben sustentarse en pruebas claras y advirtió que, en caso contrario, “es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
La presidenta enfatizó que México mantendrá una relación de igualdad con otras naciones y rechazó cualquier intento de injerencia extranjera:
“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, dijo.
SRE recibió solicitudes de extradición
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum leyó un comunicado en el que detalló que el pasado 28 de abril por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió 10 documentos en los que se solicitaba la detención provisional con fines de extradición de igual número de ciudadanos mexicanos.
Un día después, el 29 de abril, la cancillería turnó la información a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme al marco legal vigente.
Ese mismo día, el Departamento de Justicia del distrito sur de Nueva York dio a conocer el levantamiento de cargos contra 10 mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, un senador y el alcalde de Culiacán.
La presidenta explicó que, junto con los cargos, se publicó un documento denominado “acusación de reemplazo bajo reserva”, lo que generó un extrañamiento por parte del área jurídica de la SRE.
Esto debido a que, subrayó, “este tipo de procesos suelen ser confidenciales de acuerdo con los tratados internacionales en la materia”.
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FGR analiza pruebas
La mandataria explicó que la Fiscalía General de la República, conforme a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, analizará la documentación recibida para determinar si existen elementos probatorios suficientes.
Además, la FGR iniciará una investigación paralela para reunir información que permita establecer si las acusaciones cuentan con fundamento legal y si procede solicitar órdenes de aprehensión.
Recordó que, según la legislación mexicana, para solicitar una orden judicial se deben presentar datos de prueba que permitan inferir la posible comisión de un delito.
