La organización Tejiendo Redes Infancia alertó sobre un alto riesgo de impunidad en el caso de Ángel Moreno, adolescente con discapacidad que murió en febrero de 2022 mientras permanecía bajo custodia del DIF Nuevo León.
A través de un comunicado, informó que la defensa de Raymundo Francisco, imputado en la causa penal 04556/2023, solicitó una audiencia para modificar la medida cautelar vigente por hechos relacionados con el homicidio doloso del menor.
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De acuerdo con el colectivo, la audiencia no debe considerarse un trámite ordinario, ya que el caso representa una prueba para el Estado de derecho en Nuevo León: “¿qué ocurre cuando una niña, niño o adolescente muere bajo responsabilidad directa de una institución pública que debía protegerle?”.
“La sociedad de Nuevo León no puede permitir que la muerte de un adolescente con discapacidad bajo custodia del Estado quede atrapada entre formalismos, dilaciones y decisiones judiciales que debiliten la rendición de cuentas”, señaló Tejiendo Redes Infancia.
¿Qué pasó con Ángel Moreno en el DIF de Nuevo León?
Tejiendo Redes recordó que Ángel Moreno vivió más de una década institucionalizado, junto con su hermana, en espacios de cuidados alternativos bajo responsabilidad del gobierno estatal y del sistema DIF.
Fue el 9 de febrero de 2022, cuando ocurrió el fallecimiento de Ángel. Su caso es relevante debido a las irregularidades en torno a su deceso, principalmente por la inmediata decisión de cremar su cuerpo sin informar a la fiscalía del estado. Cabe mencionar que Ángel Manuel estaba bajo la responsabilidad del DIF desde que él tenía cuatro años de edad.
Los hechos se hicieron públicos el 16 de febrero y fue hasta el viernes 18 de febrero de 2022 que las autoridades informaron que había fallecido tras padecer diversos malestares estomacales y un choque séptico, además de asegurar que contaba con supervisión del médico de guardia, sin explicar por qué no se trasladó al hospital de emergencias.
El caso de Ángel comenzó cuando fue trasladado al DIF Fabriles como castigo por su participación en una protesta en la sección de DIF Capullos. La tarde del domingo 28 de noviembre de 2021, Ángel junto a otros adolescentes denunciaron malos tratos dentro del lugar. Ante el enojo de los directivos del DIF y las amenazas públicas que los niños tendrían “consecuencias por sus actos de vandalismo”.
Ante la presión nacional e internacional para investigar la muerte, la fiscalía del estado confirmó que el niño Ángel Moreno fue víctima de una agresión que le ocasionó graves daños, lo mantuvieron en agonía por más de 15 horas, no fue trasladado al hospital, se cremó su cuerpo de forma inmediata sin notificación oficial, se buscó borrar evidencias y ocultar públicamente el homicidio. La fiscalía logró la aprensión del enfermero Raymundo Francisco por la agresión directa y solicitó la captura de dos funcionarios vinculados al ocultamiento de evidencias.
Tejiendo Redes señaló que como adolescente con discapacidad tenía derecho a protección reforzada, cuidados profesionales y una vida libre de violencia, conforme al principio del interés superior de la niñez.
CEDHNL y CNDH documentaron violaciones graves
La organización destacó que la Recomendación 01VG/2023 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León documentó violaciones graves a derechos humanos en el fallecimiento de Ángel Manuel Moreno, de 14 años.
Según la recomendación, existieron actos de maltrato, negligencia, falta de cuidado y dolo por parte de personal del DIF Nuevo León, además de intentos de eliminar evidencia mediante la cremación del cuerpo.
La CEDHNL reconoció afectaciones a derechos como la vida, la integridad personal, la salud, la dignidad, la verdad y los derechos de las personas con discapacidad. Posteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió otra recomendación relacionada con el caso.
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¿Qué pide la organización?
Tejiendo Redes Infancia advirtió que modificar la medida cautelar sin una evaluación estricta de riesgos podría enviar un mensaje de impunidad y debilitar la rendición de cuentas en un caso que involucra a varios exfuncionarios.
La organización señaló que también figuran en la causa penal Mauricio Miguel, Alan y Miguel Ángel, investigados por hechos relacionados con homicidio doloso y encubrimiento.
Entre los riesgos mencionados están la posible obstaculización del proceso, influencia sobre testigos, destrucción de pruebas, presión institucional y revictimización de las víctimas indirectas.
LA organización solicitó, además, al juez de control:
- Rechazar la sustitución de la medida cautelar si no existen cambios objetivos que la justifiquen.
- Garantizar la participación de las víctimas indirectas.
- Realizar una evaluación actualizada de riesgos.
- Valorar la recomendación de la CEDHNL como contexto de violaciones graves a derechos humanos.
- Emitir una resolución con perspectiva de infancia, discapacidad y derechos de las víctimas.
