Integrantes de las comunidades LGBTIQ+, familias y organizaciones civiles condenaron que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta asegurara que para alcanzar una legislación sobre las infancias trans, habría que aplicar una consulta ciudadana como proceso democrático para llegar a una consenso que determine su creación.
La organización Articulación por las Infancias Trans Puebla señaló que las declaraciones del gobernador «no solo ignoran la realidad de nuestras familias», sino también desconoce el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga al estado de Puebla a reconocer sus derechos.
Este documento fue firmado por personas LGBTIQ+, familias , colectivas, organizaciones, defensores de los derechos humanos, medios de comunicación y periodistas.
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¿Qué dijo el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta?
Durante una conferencia de prensa, el gobernador Alejandro Armenta señaló que existen temas ríspidos como la eutanasia, las infancias trans y la protección integral de los derechos de la niñez, que requieren un análisis profundo que incluya al Poder Legislativo del estado, debido a que “enfrentan a la sociedad por su naturaleza”.
Por ello, abrió la posibilidad de comenzar el diálogo con respecto a este tema y si es necesario recurrir a la consulta ciudadana como un mecanismo democrático ante cualquier determinación legislativa en el Congreso del estado.
Alejandro Armenta comparó la legislación de las infancias trans como el efecto neuronal de los celulares en los menores, «un niño de 8 a 10 años que diario ve imágenes en el celular tiene una afectación, especialistas hablan de la adicción, del trastorno, de la afectación en el cerebro, pero yo no mandato ni obligo, analícenlo con los expertos».
Posicionamiento de Articulación por las Infancias Trans Puebla
Esta organización manifestó que los derechos humanos no se consultan y más cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reconocido que la identidad de género es un derecho humano que no puede estar sujeto a mayorías ni a límites de edad, «someterlo a consulta es, en sí mismo, un acto de discriminación y violencia institucional».
Además, puntualizaron que al incumplir con la sentencia judicial, el gobernador del estado coloca al Poder Legislativo a la «desobediencia institucional» y vulnera la separación de poderes.
Articulación por las Infancias Trans Puebla aseguró que al negar el reconocimiento legal de la identidad, no se protege a las infancias, sino las expone a la exclusión, a la violencia y a la negación de sus derechos básicos, pues el «Estado tiene la obligación constitucional de proteger el libre desarrollo de la personalidad de todas las niñas, niños y adolescentes sin excepción».
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Ultimátum de la SCJN al Congreso de Puebla
El ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió que el Congreso del Puebla tiene seis meses para dar cumplimiento a la resolución que lo obliga a legislar en favor de los derechos de las infancias trans en la entidad.
Señaló que en caso de los legisladores locales no cumplieran con el mandato existen mecanismos institucionales para asegurar que las sentencias del máximo tribunal se acaten.
“Hay un procedimiento de cumplimiento de ejecutoria y vamos a estar atentos a eso. Hay un área de la Corte que está atenta a que se cumplan las resoluciones y estaremos vigilantes; se tiene que ajustar”, dijo Hugo Aguilar Ortiz.
Agregó que las acciones previas hechas por diputados locales fueron insuficientes «y no alcanzaron el nivel de protección requerido por la justicia federal».
Reiteró que la resolución emitida busca garantizar que las niñas, niños y adolescentes trans en Puebla puedan gozar de reconocimiento legal de su identidad de género de manera sencilla, expedita y conforme a sus derechos fundamentales.
