El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este jueves una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para crear mecanismos que permitan detectar posibles vínculos entre aspirantes a cargos públicos con el narcotráfico.
La propuesta fue anunciada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien explicó que la iniciativa será enviada hoy mismo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su discusión.
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¿Qué propone la reforma electoral de Sheinbaum sobre posibles vínculos entre candidatos y el narcotráfico?
Durante la conferencia “mañanera” de hoy 21 de mayo, la funcionaria detalló que el objetivo de la reforma electoral es que los partidos políticos cuenten con información que les permita decidir sobre sus candidaturas rumbo a las elecciones de 2027 y evitar que personas relacionadas con el narco lleguen a competir por cargos públicos.
La iniciativa plantea crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), integrada por cinco consejeros electorales elegidos por un periodo de tres años por el Consejo General.
De acuerdo con la presentación mostrada por la consejera Jurídica, esta comisión funcionaría como un vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y diversas autoridades de seguridad e inteligencia.
Entre las instituciones que participarían en la revisión se encuentran:
- Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
- Fiscalía General de la República (FGR)
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La intención sería identificar si existe un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada entre aspirantes a candidaturas.
Así funcionaría el mecanismo de revisión de candidaturas, según la reforma
Luisa María Alcalde mencionó que el procedimiento que plantea la reforma electoral sobre prosibles vínculos entre candidaturas y el narco es la siguiente:
- Los partidos políticos entregarían voluntariamente a la comisión la lista de aspirantes.
- La comisión consultaría información con la UIF, CNBV, CNI y FGR.
- Las autoridades analizarían si existe o no un “riesgo razonable”.
- Las instituciones compartirían información con la comisión sin revelar detalles específicos de las investigaciones.
- La comisión notificaría a los partidos políticos sobre la existencia o no de riesgos.
- Finalmente, cada partido decidiría si registra o no la candidatura.
La consejera Jurídia aclaró que las investigaciones de las autoridades continuarían de manera independiente si se detecta información relevante.
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Reforma busca aplicarse desde las elecciones de 2027
Luisa María Alcalde señaló que el propósito de la iniciativa de reforma es establecer “mecanismos eficaces” para que los partidos políticos puedan tomar decisiones informadas respecto a las candidaturas que presentarán en las próximas elecciones federales y locales.
“Pretende establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán ya a partir de la elección del 2027”, afirmó.
La propuesta surge en medio de la polémica que causó los señalamientos del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa —entre ellos al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya— por presuntos vínculos con miembros del crimen organizado, en específico, con la fracción de “Los Chapitos” y el Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, Sheinbaum defendió la propuesta al señalar que está surgió a raíz de los hallazgos de la Operación Enjambre por la que han sido detenidos alcaldes, excalcaldes, mandos policiacos o policías con vínculos con el narcotráfico. Dicho operativo se ha llevado a cabo en municipios del Estado de México, Tamaulipas, Jalisco y ahora Morelos.
