Samuel García no acudió este martes al Congreso local de Nuevo León para comparecer por el juicio político que enfrenta en su contra por una presunta triangulación de recursos, en lugar de presentarse ante los legisladores, el gobernador entregó por escrito su defensa legal como parte del procedimiento.
El documento de 248 páginas fue entregado por integrantes de la Consejería Jurídica del propio Samuel García, alrededor de las 9:00 horas, en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo del estado de Nuevo León.
En el escrito que mandó al Congreso local, el gobernador pidió que el proceso de juicio político en su contra se suspenda por completo y no avance a ninguna de las siguientes etapas.
Además, solicitó que la Comisión Anticorrupción se declare incompetente para conocer el caso, que reconozca que no tiene la facultad legal para llevar el procedimiento y con ello que el juicio político no sea considerado válido y se deje sin efectos.
La Comisión Anticorrupción tenía planeada una sesión a las 16:00 horas, pero con el envío de la misiva solo se tomará conocimeinto del escrito y se compartirá entre los integrantes del órgano legislativo para su análisis.
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¿Por qué abrieron el juicio político contra Samuel García?
La apertura del proceso de juicio político contra Samuel García fue aprobada el viernes 12 de junio de 2026, por la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, que sesionó de manera extraordinaria.
Durante la votación, los diputados de los partidos Morena, Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) votaron a favor; en tanto, el representante de Movimiento Ciudadano sufragó en contra.
En la sesión se ausentaron dos legisladores de Morena, Rodrigo Otoniel Montemayor y Mario Soto; así como la del Partido Verde, Claudia Chapa.
Además, el mandatario estatal fue citado a una primera audiencia, para la cual debe presentar una declaración, ya sea presencial o por escrito, en un plazo de 15 días hábiles.
El pasado 8 de junio de 2026, la dirigencia estatal de Morena, presentó una solicitud de juicio político en contra de García.
¿Por qué acusan a Samuel García en Nuevo León?
Al político se le acusa de formar parte de una red que reparte el dinero a distintas cuentas, provenientes de diferentes empresas o intermediarios para hacer más dificil el rastreo. Estos recursos tendrían su origen en distintas áreas del gobierno estatal.
De acuerdo con el periódico El Financiero, el gobierno de Nuevo León pagó a Suministro MYR, S.A. de C.V. un total de 964 millones 789 mil 526.75 pesos. Posteriormente, esta empresa transfirió 237 millones 207 mil 724.53 pesos a Proveedor de Productos Mexicanos JACE, S.A. de C.V.; a su vez, esta última realizó un pago por 203 millones 807 mil 724.52 pesos a la firma Jurídica y Fiscal Abogados, S.C.
Segundo, el estado abonó a Txat Latam, S.A.P.I. DE C.V.,un monto de 243 millones 420 mil 751.84 pesos; la cual a su vez pagó 65 millones 510 mil 653.17 pesos a FERRO & MENDEZ, S.C., para después pagar 62 millones 966 mil 958.79 pesos a la firma Jurídica y Fiscal Abogados, S.C., vinculada a la familia del gobernador.
Tercero, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad del gobierno de Nuevo León pagó a Infraestructura y Construcciones de Nuevo León, S.A. de C.V. un total de 5 mil 851 millones de pesos. Posteriormente, esta empresa transfirió 5 mil 154 millones 640 mil 615.26 pesos a Corporación Transnacional de Inversiones, S.A. de C.V.; a su vez, esta última realizó pagos al despacho Jurídica y Fiscal Abogados, S.C., por 385 millones 373 mil 689 pesos en una primera exhibición en efectivo y 700 millones de pesos en una segunda exhibición.
Por último, la empresa Acueducto El Cuchillo y el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos de Nuevo León pagaron a BEMASE, S.A. de C.V., la cifra de 154 millones 208 mil 356.41 pesos; luego BEMASE, S.A. de C.V., pagó a North American Heavy y Equipment, S.A. de C.V. 144 millones 472 mil 800 pesos. A su vez, esta última realizó un pago por 77 millones 36 mil 410 pesos al despacho Jurídica y Fiscal Abogados, S.C.
Cuando la firma familiar recibió el total de las cantidades lo redistribuyó por medio de otras empresas: Saga Tierras y Bienes Inmuebles S.A. de C.V., por más de mil millones de pesos. Parte de esos recursos se enviaron al extranjero, por ejemplo a Estados Unidos, con el fin de dificultar que las autoridades puedan rastrear del dinero.
