Tamaulipas podría sumarse a la lista de estados que aprueben el aborto, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo que invalida diversas disposiciones que criminalizan esta práctica en la entidad y que protegían la vida desde la fecundación, al considerar que vulneran derechos fundamentales.
Esta resolución de la Corte declara inconstitucional diversos artículos del marco legal de Tamaulipas en materia de aborto y en la manera en que las instituciones de salud deberán atender a mujeres y personas con capacidad de gestar.
Los efectos legales del fallo de este amparo solo protegen a las personas que promovieron el recurso, por lo que no podrán ser criminalizadas por abortar, deben recibir atención en instituciones públicas y el personal médico que las atienda no podrá ser sancionado.
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Resolución de la Suprema Corte sobre el aborto en Tamaulipas
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz explicó que la disposición del Congreso de Tamaulipas que protege la vida desde la fecundación tiene «implicaciones constitucionalmente inaceptables para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y personas gestantes».
Detalló que los artículos impugnados del Código Penal local que establecen prohibir el aborto autoprocurado o consentido y que también establecen sanciones para personal de la salud, y la absolución del delito de aborto por violación, vulneran la dignidad de la mujer y de la persona gestante.
Aseguró que estas clausulas violentan el derecho a la salud, a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad, lo cual «propicia un mecanismo de violencia de genero que refuerza roles que repercuten en la imposibilidad de alcanzar la igualdad jurídica, con un efecto discriminatorio e inhibitorio en contra del personal de la salud».
El presidente de la SCJN reiteró que la criminalización del aborto limita la decisión de las mujeres y personas gestantes sobre su propio cuerpo, además de propiciar a que estas personas recurran a prácticas clandestinas para realizarlo.
Aborto como servicio de salud
Dentro de la resolución de la Suprema Corte se determinó que las autoridades locales tienen la obligación de prestar, difundir, organizar e implementar los servicios de salud desde una perspectiva de integral de bienestar para garantizar el derecho de interrumpir el embarazo de manera voluntaria y segura.
Deben organizar capacitaciones, programas de difusión y talleres dirigidos al persona de salud para evitar criminalizar las prácticas de aborto voluntario.
«La Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el aborto es un servicio de salud y que el Estado tiene la obligación de garantizarlo», aseguró Hugo Aguilar Ortíz.
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Interés legítimo del amparo
La resolución de este amparo abre las puertas para que el Congreso de Tamaulipas pueda modificar su ley local y despenalizar el aborto en el estado, debido a que dentro de lo declarado por la SCJN se determinó que a través de las sentencias de amparo se pueden incluir medidas generales para eliminar barreras que impiden ejercer el derecho a decidir.
El punto clave dentro de la resolución es el principio de relatividad de las sentencias, para que los efectos del amparo no solo protejan a los que lo promueven, sino aplicar el interés legítimo con medidas más amplias.
Con el interés legítimo la Corte refiere que el derecho a decidir no debe depender de pelear caso por caso; los jueces pueden ordenar cambios que beneficien a más personas cuando el problema es estructural.
El ministro Hugo Aguilar dijo que este amparo no despenaliza el aborto en el estado de Tamaulipas, pues solo involucra a las personas que lo interpusieron, pero sienta las bases para que el Congreso local realice cambios a los marcos legales considerados inconstitucionales.
“Estamos iniciando todo un proceso para el estado de Tamaulipas con esta declaratoria de inconstitucionalidad, pues el Poder Legislativo tendrá que valorar y tomar las medidas necesarias; si no hace las correcciones adecuadas a su marco constitucional ilegal, pues vendrá una declaratoria general más adelante y podremos ir a efectos mucho más amplios”, comentó.
Estados que aún no despenalizan el aborto
Aunque la mayoría de los estados de a República han modificado sus leyes para despenalizar el aborto aun quedan siete estados por hacerlo.
Estados como Guanajuato, Durango, Morelos, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora, el aborto sigue siendo un delito en sus leyes locales, a pesar de que la SCJN ha determinado que la penalización absoluta es inconstitucional.
En Guanajuato las y los legisladores convinieron archivar las iniciativas sobre derechos reproductivos, pues rechazan despenalizar en su Código Penal la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas.
