La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reabrió la discusión sobre la sentencia de 2018 que ordenó crear la Comisión para la Investigación y la Verdad del caso Ayotzinapa, luego de atraer cuatro recursos extraordinarios promovidos originalmente por autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto.
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Ante ello, organizaciones de derechos humanos advirtieron que la decisión podría retrasar el acceso a la verdad y la justicia para las familias de los 43 normalistas desaparecidos, además de poner en riesgo el principio de seguridad jurídica.
Suprema Corte atrae recursos sobre la sentencia del caso Ayotzinapa
Durante la sesión de este 7 de julio, el pleno de la SCJN resolvió ejercer su facultad de atracción respecto de cuatro amparos en revisión extraordinarios relacionados con la sentencia emitida en mayo de 2018 por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), esta decisión abre la posibilidad de revisar los efectos de una resolución definitiva emitida hace ocho años, lo que, a su juicio, contraviene el principio de seguridad jurídica y la figura de la cosa juzgada.
Los recursos fueron promovidos originalmente por diversas autoridades de la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto, quienes argumentaron que debieron haber sido llamadas al juicio de amparo. Aunque fueron presentados desde 2018, permanecieron sin resolverse durante varios años y comenzaron a admitirse hasta octubre de 2025.
Posteriormente, en 2026, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte atraer dichos recursos al considerar que era necesario definir la viabilidad jurídica y material para cumplir con la sentencia que ordenó crear la Comisión para la Investigación y la Verdad del caso Iguala.
¿Qué estableció la sentencia de 2018?
La resolución judicial de 2018 es considerada uno de los precedentes más relevantes del caso Ayotzinapa.
En ese fallo, el Tribunal Colegiado ordenó reponer la investigación al detectar graves irregularidades y dispuso la creación de una Comisión para la Investigación y la Verdad como un mecanismo extraordinario para garantizar una investigación independiente y efectiva.
La sentencia concluyó que la investigación que dio origen a la denominada «verdad histórica» estuvo marcada por violaciones graves a derechos humanos, entre ellas actos de tortura contra personas detenidas.
Asimismo, señaló que las autoridades omitieron investigar adecuadamente otras líneas que apuntaban a una posible participación del Ejército y privilegiaron pruebas que respaldaban la versión oficial de los hechos.
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Organizaciones advierten nuevo retraso en el caso
El Centro Prodh lamentó que la Suprema Corte haya decidido atraer los recursos sin discutir las implicaciones que tendría revisar una sentencia firme.
Según la organización, lejos de contribuir al esclarecimiento del caso, la decisión podría retrasar nuevamente el cumplimiento de una resolución que reconoció la necesidad de una investigación autónoma y con participación activa de las víctimas.
También advirtió que revisar una sentencia definitiva mediante una vía extraordinaria que no está expresamente prevista en la Constitución ni en la Ley de Amparo genera incertidumbre sobre la firmeza de las resoluciones judiciales.
A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes
Las organizaciones recordaron que en septiembre de este año se cumplirán casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, un caso que continúa sin ser plenamente esclarecido.
Añadieron que persisten diversos obstáculos para avanzar en la investigación, entre ellos la falta de entrega de información de inteligencia por parte de las Fuerzas Armadas y las extradiciones pendientes de exfuncionarios relacionados con el caso.
Agregaron que en la sesión del pleno, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de participar en el análisis del asunto debido a que anteriormente encabezó la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, de la cual depende la Unidad Especial que investiga el caso Ayotzinapa.
