La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha sido omisa con sus obligaciones para entregar y transparentar archivos relacionados con las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el periodo conocido como la “Guerra Sucia” (1965-1990), así lo reconoció un Tribunal Colegiado en una resolución que fue calificada por organizaciones como histórica.
Con ello, arió la puerta a la creación de una Comisión de transparencia de archivos, integrada de manera imparcial y con participación del Archivo General de la Nación (AGN), con el objetivo de garantizar la adecuada catalogación, conservación, clasificación y transferencia de los documentos.
Te recomendamos leer: Caso Ayotzinapa: testigos vinculan a Ángel Aguirre con grupos delictivos; FGR lo acusa de destruir evidencia
Tribunal señala incumplimiento de Sedena en la entrega de archivos de la “Guerra Sucia”
De acuerdo con el comunicado difundido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Poder Judicial de la Federación determinó que la Sedena ha sido omisa en el cumplimiento de las obligacions establecidas en el Acuerdo Presidencial de 2019, mediante el cual se ordenó la entrega y transparencia de los archivos relacionados con las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la llamada “Guerra Sucia”, acción que no ha sido realizada íntegramente.
El fallo fue calificado por las organizaciones defensoras de derechos humanos —entre ellas también Artículo 19– como relevante para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, particularmente ante las dificultades que han enfrentado para acceder a información sobre personas desaparecidas durante ese periodo.
Asimismo, informaron que ante la complejidad para cumplir con la resolución, la mayoría del Tribunal reconoció la necesidad de establecer una instancia imparcial que contribuya a garantizar el manejo adecuado de los archivos.
La propuesta contempla la participación de integrantes del Archivo General de la Nación, quienes tendrían un papel en los procesos de catalogación, conservación, clasificación y transferencia de la documentación.
El caso de Alicia de los Ríos
El Centro Prodh recordó que el juicio de amparo que derivó en esta resolución fue promovido por Alicia de los Ríos Merino, quien desde hace décadas busca información sobre el paradero de su madre, desaparecida en 1978.
“Durante la sesión del 6 de agosto, uno de los puntos centrales de la discusión se refirió a la necesidad de establecer medidas concretas para garantizar la obligación de entregar los archivos”, agregó la organización.
El caso se relaciona con los obstáculos documentados por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) en su informe “Las formas del silencio””, en el que se identificaron prácticas como el ocultamiento y alteración de información, además de otros obstáculos para acceder a archivos relacionados con la violencia de Estado.
También puedes leer: Defensa del territorio pone en riesgo a los pueblos indígenas: documenta más de 100 desapariciones
La resolución, dijeron las organizaciones firmantes, representa un nuevo paso en la disputa por el acceso a los documentos históricos que podrían contribuir al esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos cometidas durante la “Guerra Sucia”.
“Los archivos militares, para Alicia de los Ríos Merino y para cientos de familias de personas desaparecidas durante la llamada ‘Guerra Sucia’, constituyen un territorio más para la búsqueda de la verdad. En ellos puede encontrarse información indispensable para conocer el paradero de sus seres queridos, reconstruir los hechos y establecer responsabilidades”, agregaron.
