Sobrevivientes de tortura durante gobierno de Felipe Calderón exigen justicia y reparación
Sobrevivientes de tortura y detenciones arbitrarias durante los gobiernos de Felipe Calderón exigen justicia, investigación y reparación del daño.
Imagen de archivo del expresidente Felipe Calderón. Foto: CIAT/Wikimedia Commons.
Sobrevivientes de tortura, de detenciones arbitrarias y de fabricación de pruebas durante el gobierno de Felipe Calderón ((2006-2012) —cuando Genaro García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública— exigieron justicia, verdad y reparación integral del daño.
A través de un pronunciamiento, las víctimas denunciaron que integrantes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Federal utilizaron estas prácticas para presentar resultados en la llamada guerra contra el crimen organizado, aaciones que calificaron como violaciones a derechos humanos y que, aseguran, no fueron hechos aislados, sino que evidencian un patrón de actuación institucional durante ese periodo.
¿Qué denuncian las víctimas de García Luna y Felipe Calderón?
Las personas firmantes acusaron que elementos de la AFI y de la Policía Federal recurrieron a detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, fabricación de pruebas y declaraciones obtenidas bajo coacción para sostener acusaciones penales.
Además, señalaron que las corporaciones exhibían públicamente a las personas detenidas como culpables antes de que fueran presentadas ante una autoridad judicial. Esta práctica, afirmaron, servía para mostrar supuestos resultados de la política de combate al crimen organizado impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón.
La Policía Federal fue creada el 1 de junio de 2009, durante la administración de Calderón, y estuvo bajo el mando de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, así como de Luis Cárdenas Palomino, quien ocupó cargos directivos en esa corporación.
Como parte del contexto de sus denuncias, las víctimas señalaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 802 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de la Policía Federal durante 2012. En 2013, el organismo emitió 14 recomendaciones relacionadas con vulneraciones atribuidas a agentes de esa institución.
Las personas sobrevivientes advirtieron que la desaparición o transformación de las corporaciones involucradas no debe convertirse en un mecanismo para evitar que se investiguen los hechos ni para eludir la reparación de los daños.
Casos de detenciones arbitrarias y tortura durante el sexenio de Felipe Calderón
El pronunciamiento reúne testimonios y antecedentes de personas que fueron detenidas y procesadas bajo acusaciones que, de acuerdo con sus denuncias y las resoluciones de derechos humanos citadas, estuvieron sustentadas en tortura, declaraciones forzadas o partes policiales falsos.
Entre los casos se encuentra el de Israel Vallarta Cisneros, detenido en diciembre de 2005 por integrantes de la AFI y presentado en un supuesto rescate de personas secuestradas que después fue reconocido como un montaje televisivo.
Vallarta permaneció casi 20 años en prisión preventiva hasta que fue absuelto y liberado el 1 de agosto de 2025. De acuerdo con el documento, la acusación en su contra se sostenía en pruebas obtenidas bajo tortura, inducción de testigos y testimonios falsos.
También se encuentran los hermanos Alejandro y Juan Carlos Cortez Vallarta, detenidos en mayo de 2009 junto con su tío René y otras personas, quienes, según el pronunciamiento, sufrieron detención arbitraria, retención ilegal y tortura para sostener el montaje relacionado con Florence Cassez e Israel Vallarta. Ambos recuperaron su libertad después de casi siete años en prisión.
En contraste, Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortez Vallarta continúan privados de la libertad en el penal del Altiplano, sin sentencia, después de haber sido detenidos en 2012 y sometidos, según la denuncia, a tortura y a un proceso sustentado en un parte policial falso.
Otro de los casos expuestos es el de Abel Silva Petriciolet, detenido en septiembre de 2009. El documento señala que fue torturado física y psicológicamente, obligado a autoincriminarse y presentado ante los medios de comunicación como líder de una organización de secuestradores por Luis Cárdenas Palomino. Aunque fue absuelto en una de las cinco causas penales que enfrentó, continúa en prisión preventiva y espera resolución en las cuatro restantes.
El documento también expone casos de mujeres que denunciaron tortura física, psicológica y sexual durante sus detenciones, así como afectaciones a sus familias.
Entre ellas se encuentra Sofía Viridiana Sánchez Guerra, detenida en abril de 2010, quien denunció haber sido torturada para autoincriminarse e incriminar a otras personas. Aunque fue absuelta de una primera acusación, continúa privada de la libertad por otra causa penal y está a la espera de una resolución de amparo directo.
También se mencionan los casos de Ana Karen y Karla Castro Ramírez. Las hermanas fueron detenidas en enero de 2011 y, según el pronunciamiento, torturadas para incriminarse y señalar a Sofía. Ana Karen era menor de edad cuando fue detenida y permaneció recluida durante 13 años, cuatro más del máximo que podía corresponderle. Karla continúa privada de la libertad y enfrenta una apelación.
¿Qué exigen?
Las personas sobrevivientes y sus familias demandaron acciones concretas a cuatro instituciones para esclarecer los hechos, resolver los procesos penales pendientes y garantizar la reparación integral del daño.
Sus exigencias son:
- A la Fiscalía General de la República (FGR): que la fiscal general las reciba y que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) considere presentar conclusiones de inculpabilidad en los casos de quienes continúan sujetos a procesos penales.
- A la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH): investigar la responsabilidad de todas las personas involucradas, incluida la cadena de mando hasta los niveles más altos.
- Al Poder Judicial de la Federación: realizar las acciones administrativas necesarias para resolver de inmediato los procesos que llevan más de 14 años en etapa de instrucción.
- A la Secretaría de Gobernación: garantizar la reparación integral a las víctimas por todos los daños ocasionados, incluido el tiempo que permanecieron privadas de la libertad en procesos sustentados en pruebas obtenidas mediante violaciones a derechos humanos.
Las víctimas subrayaron que, aunque algunas personas recuperaron su libertad después de ser absueltas, otras continúan encarceladas o sujetas a procesos judiciales prolongados.
Además, mencionaron que aunque Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino se encuentran en prisión, todavía existen responsabilidades que deben esclarecerse.
También cuestionaron que Felipe Calderón no haya sido investigado por las violaciones a derechos humanos cometidas durante su administración contra personas que fueron torturadas y encarceladas injustamente bajo la estructura de mando de las corporaciones de seguridad.
«Los crímenes se cometieron en el pasado, pero la justicia no ha llegado», expresaron.
