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Investigan al crimen organizado por financiar bloqueos contra abusos en cárceles de México

En una semana, autoridades federales y de Puebla han iniciado investigaciones por el presunto financiamiento criminal

JUAN PABLO REYES
JUAN PABLO REYES | 19 DE NOVIEMBRE DE 2026
Investigan al crimen organizado por financiar bloqueos contra abusos en cárceles de México

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, habla durante la conferencia de prensa matutina.. Foto: Captura de pantalla.

En apenas una semana, autoridades federales y de Puebla han iniciado investigaciones por el presunto financiamiento de grupos del crimen organizado a movilizaciones y bloqueos viales en los que se denunciaron extorsiones, agresiones y abusos contra personas privadas de la libertad en cárceles mexicanas.

Aunque las autoridades han advertido sobre la posible intervención de organizaciones criminales en las protestas, existen antecedentes de irregularidades dentro de los centros penitenciarios involucrados, las cuales han sido documentadas por organismos defensores de derechos humanos.

El miércoles, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que investigan el presunto pago a personas que el martes realizaron bloqueos en la zona de Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México.

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Las movilizaciones se realizaron para denunciar supuestos actos de tortura, deficiencias en la atención médica y abusos de autoridades del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, ubicado en Tepic, Nayarit.

Según la encargada de la política interior del país, detrás del financiamiento de los bloqueos estaría un grupo delictivo relacionado con una persona que se encuentra privada de la libertad. Públicamente no se ha revelado el nombre.

Hasta 280 mil pesos para financiar bloqueos en Puebla

Apenas una semana antes, el 10 de noviembre, en Puebla se registraron bloqueos simultáneos en ocho puntos de la zona metropolitana para denunciar presuntas extorsiones dentro del penal de San Miguel.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, alrededor de 700 personas habrían recibido 400 pesos cada una a cambio de participar en las movilizaciones, lo que supondría un financiamiento de aproximadamente 280 mil pesos.

Los participantes habrían sido convocados a través de redes sociales, trasladados en autobuses y camionetas e incluso recibido cartulinas con mensajes previamente elaborados.

Durante las protestas se denunció que al interior del penal poblano se realizan cobros que van de los 20 mil a los 300 mil pesos bajo amenazas de agredir físicamente a los internos.

Tras las movilizaciones, las autoridades penitenciarias confirmaron el traslado de dos personas privadas de la libertad señaladas por su presunta participación en actividades ilícitas dentro de la cárcel.

Documentan abusos en cárceles de Puebla y Nayarit

Más allá de las investigaciones sobre quiénes estarían detrás de los bloqueos, existen antecedentes de presuntas violaciones a derechos humanos en los dos centros penitenciarios.

En lo que va de 2026, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla ha recibido 32 quejas relacionadas con el penal de San Miguel, de las cuales 18 cuentan con medidas cautelares para proteger la vida e integridad de las personas recluidas.

En tanto, en 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 127/2024, tras acreditar negligencias de autoridades del penal federal de Tepic relacionadas con la muerte de dos internos.

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Estos antecedentes no acreditan las irregularidades denunciadas durante las recientes movilizaciones, pero evidencian problemas en el funcionamiento de ambos establecimientos penitenciarios.

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Corrupción y cobros ilegales dentro de las cárceles mexicanas

El problema de la corrupción dentro de las prisiones del país tampoco es nuevo. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 17.2 por ciento de los internos experimentó actos de corrupción durante su estancia en prisión. Cinco años antes, en 2016, dicho porcentaje era del 10.8 por ciento.

Los datos del INEGI también revelan la participación tanto de personal penitenciario como de los propios internos en los cobros ilegales realizados dentro de los establecimientos.

Ahora, las investigaciones emprendidas por las autoridades federales y estatales deberán esclarecer el origen de los recursos utilizados para financiar las movilizaciones, mientras persisten denuncias sobre las condiciones en las que viven miles de personas privadas de la libertad en México.

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