Brenda Quevedo Cruz continuará en libertad el proceso penal que enfrenta por el Caso Wallace en México, luego de que un juez federal modificó las medidas cautelares que permanecían vigentes en su contra. La resolución puso fin al resguardo domiciliario que cumplía desde 2024 y ordenó retirar el brazalete electrónico que utilizaba como mecanismo de vigilancia.
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Brenda Quevedo está señalada de supuestamente participar en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, hjo de la activista Isabel Miranda de Wallace, aunque el proceso estuvo plagado de diversas irregularidades.
Ahora con la decisión del juez, Quevedo podrá salir de su domicilio y dejará de estar bajo custodia permanente. Sin embargo, el proceso penal en su contra continúa abierto, por lo que la resolución no representa una absolución ni el cierre del caso.
Entre las nuevas condiciones impuestas se encuentra la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado, no salir de la zona conurbada de la Ciudad de México y tener custodia permanente de la Guardia Nacional mientras continúe el procedimiento. Y en caso de que quiera salir del país deberá solicitar autorización judicial.
Red Internacional de Solidaridad se une para exigir la libertad de Brenda Quevedo
Previo a la decisión del juez, una red nacional de abogados, organizaciones de derechos humanos, periodistas, académicos y ciudadanos había conformado un colectivo de solidaridad con Brneda Quevedo, una mujer detenida y que llevaba más de 20 años privada de su libertad por el Caso Wallace.
El colectivo se conformó al considerar que el caso de Brenda Quevedo ejemplifica las fallas en el sistema de justicia mexicano, ya que la mujer se mantiene en prisión domiciliaria.
Además, anunciaron que tomarían su defensa legal y que documentarían las violaciones a los derechos humanos que han existido en el caso; a la par de generar una presión internacional para que Quevedo sea liberada.
A sus 45 años, está en prisión domiciliaria en un cuarto de 100 metros cuadrados, porta un brazalete electrónico y está bajo la vigilancia de elementos de la Guardia Nacional.
“Nadie debería sentirse secuestrado por el Estado, porque se supone que el Estado es quien debe garantizar la seguridad y la impartición de justicia”, detalló Quevedo, desde la vía remota.
Su nueva abogada señaló que Brenda Quevedo presenta hemorragias continuas y una anemia de grado dos, como secuela de la tortura sexual y física de la que fue víctima en los penales de Santiaguito y de Islas Marías.
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Acusan fabricación en Caso Wallace
El periodista Ricardo Raphael, quien ha dado seguimiento puntual del caso y escribió el libro Fabricación, señaló que una de las evidencias principales contra Quevedo ha sido desestimada, pero que los jueces no han querido liberarla.
En tanto, los activistas y abogados hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y la fiscal general Ernestina Godoy para que desestime la demanda y se permitia la liberación de Quevedo.
En este sentido, recordaron que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, han documentado las violaciones del Estado mexicano en el caso.
A la par, acusaron que las denuncias que se presentaron para investigar la tortura física, psicológica y sexual que Brenda Quevedo sufrió, fueron desestimadas.
Por ello, anunciaron que han presentado tres amparos, así como acudir al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial para que investigue a los jueces y obligar a que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) repare el daño a Quevedo y a su familia.
